El gobernador Pedro Pierluisi dejó en manos de la Oficina del Comisionado de Seguros cualquier intervención ante las denuncias de laboratorios clínicos respecto a presuntas acciones “abusivas” de parte de las aseguradoras para evitar cubrir los costos de pruebas diagnósticas de COVID-19.
“No tengo eso corroborado. Pero el comisionado de seguros (Alexander Adams) tiene jurisdicción y puede intervenir para velar que las prácticas sean justas y razonables, que no haya mala fe al atender cualquier reclamación de los laboratorios”, dijo Pierluisi esta tarde.
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De acuerdo con la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALCPR), las aseguradoras de salud privadas han adoptado la práctica de exigir “auditorías abusivas” para evadir su responsabilidad de pago relacionada al procesamiento de pruebas de COVID-19.
“Los laboratorios clínicos han realizado las funciones y han cumplido con las obligaciones sociales siguiendo los mandatos oficiales de las diferentes estructuras del gobierno. Ahora, las aseguradoras quieren imponer políticas de pago de forma retroactiva con el propósito de recobrar el dinero pagado”, expresó en un comunicado la presidenta de la ALCPR, Laura Trujillo.
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“Entendemos que algunas personas no han utilizado su plan médico de manera adecuada por diferentes razones. Los laboratorios clínicos tenemos que aceptar toda orden médica que esté debidamente completada y que cumpla con los criterios para su aceptabilidad, nuestra responsabilidad es realizar las pruebas ordenadas. Ante esta situación, no es razonable que se nos obligue a participar en auditorias abusivas donde se nos requieren copias de las órdenes médicas y los resultados de todas las pruebas de COVID-19 realizadas, estas auditorías requieren mucho tiempo del personal y aumenta significativamente el costo de operación de los laboratorios clínicos”, insistió Trujillo.
En su comunicado, la organización hizo un llamado directo al gobernador para que “obligue a las aseguradoras a respetar sus órdenes, detengan las auditorías abusivas y los recobros, de igual manera, hagan los pagos correspondientes”.
“Siempre las aseguradoras han pagado la prueba cuando media una orden médica, eso no debe cambiar. El gobierno siempre ha hecho las pruebas libre de costo en sus facilidades. Ya fuera de eso, si hay laguna posible irregularidad, es el comisionado de seguros el llamado a actuar. Cualquier persona pudiera radicar una querella ante el comisionado de seguros y él intervendrá”, añadió, por su lado, Pierluisi en un aparte con la prensa tras una actividad en el residencial Las Margaritas.
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Asimismo, el primer ejecutivo puntualizó que el presidente Joe Biden ya ha ordenado a lo planes médicos cubrir el costo de compra de hasta ocho pruebas rápidas caseras mensuales por cada asegurado. En pasados días, asimismo, el gobierno federal comenzó a enviar por correo cuatro de estas pruebas a cada hogar que las solicite.
Estas pruebas, que pueden adquirirse en farmacias y otros comercios al detal, no requieren ser procesadas en un laboratorio.
“Yo lo que digo es que aquí hay aspectos federales porque entiendo que el gobierno federal exige que la aseguradora pague por ocho pruebas por paciente o persona al mes. Eso lo exige el gobierno federal ahora mismo, irrespectivamente de cuál es la razón por la que la persona obtuvo la prueba”, dijo el mandatario en alusión a los exámenes caseros.