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Rechazo a medidas buscan proteger de "discrimen" a los no vacunados

La Unión Americana de Libertades Civiles aseguró que uno de los proyectos de Proyecto Dignidad es un atrevimiento y falta de respeto a la batalla contra el racismo

vacunas Archivo

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El Colegio de Médicos Cirujanos rechazo cuatro proyectos de ley radicados por una legisladora de Proyecto Dignidad encaminados a evitar que personas que se niegan a vacunarse sean “discriminadas” en diversos escenarios.

Al advertir que las cuatro medidas atentan contra la salud pública, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio, afirmó que las exposiciones de motivos de los proyectos legislativos parten de “premisas equivocadas” al pretender fundamentar las propuestas en una alegada negación de servicios médicos de manera discriminatoria, pues aseguró que las instituciones hospitalarias ofrecen alternativas para todos los pacientes. Entre ellas, evidencia de vacunación, presentación de prueba negativa, uso de telemedicina o referido a otro centro de salud.

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“La negación de la ciencia, el conocimiento y la evidencia se convierte en una amenaza que provoca dejar sin acceso a la población de medidas preventivas ante el COVID-19. En Puerto Rico, la Ley del Departamento de Seguridad Pública y la ley orgánica del Departamento de Salud expresamente confieren al gobierno la facultad para emitir distintas medidas y órdenes para atender un estado de emergencia y una situación de salud pública como es una pandemia”, afirmó Ramos durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

“Falta de respeto a la batalla contra el racismo”

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), entretanto, rechazó la aprobación de uno de los proyectos, el P.C. 910, al sostener que la clasificación de no vacunados no está reconocida como una sospechosa en la Ley de Derechos Civiles. Además, la organización reconoció que es una característica opcional y no de nacimiento, incomparable con lo que llevó a la doctrina de “separados pero iguales”.

“Tener el atrevimiento de comparar lo que le llaman categoría de no vacunados a lo que ocurrió en ‘separados por iguales’, que ha llevado a siglos de segregación, que ha llevado a todavía (realizarse) manifestaciones solicitando igual trato, es una falta de respeto al racismo que ocurre y las batallas que se han dado para propósitos de consagrar esos derechos”, declaró la licenciada Mayte Bayolo, abogada de asuntos legislativos y política pública.

“La ACLU no está de acuerdo con que se trate de tergiversar una situación que, a nuestro entender, no ha llevado a un trato desigual injustificable”, agregó la portavoz.

Los proyectos

Las medidas fueron radicadas por la representante Lisie Burgos e incluyen el Proyecto de la Cámara (P.C. 910), para enmendar la Ley de Derechos Civiles con el fin de prohibir el “discrimen” en lugares públicos a personas no vacunadas contra el virus y establecer una multa de $5,000 a violadores de esta disposición.

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De igual forma, la legisladora presentó el Proyecto de la Cámara 1110 (P.C. 1110) para prohibir que se le nieguen servicios gubernamentales a toda persona que no esté vacunada contra el COVID-19 o que se niegue a presentar una prueba negativa; el Proyecto de la Cámara 1097 (P.C. 1097) para disponer que el Ejecutivo no podrá imponer la vacunación obligatoria en menores de edad y establecer una indemnización mínima de $15,000 a las personas que sufran daños como consecuencia de la inmunización compulsoria en niños y niñas.

También, radicó el Proyecto de la Cámara 1092 (P.C. 1092), que persigue evitar que las personas previamente infectadas con el COVID-10 tengan que inocularse contra el virus.

Objetan la vacunación compulsoria

Grupos en contra de la vacunación compulsoria defendieron la aprobación de los cuatro proyectos como parte de sus reclamos de protección de “derechos básicos” de las personas que no están inmunizadas. Entre ellos, participó el Movimiento Mundial por la Libertad, Resistencia Puerto Rico, Alerta Puerto Rico, Republican National Hispanic Assembly, Coalición Pro-Consentimiento Informado, Coalición Mundial Salud y Vida, Familias por la Verdad y World Wide Rally Freedom.

Los portavoces de estas entidades aprovecharon sus turnos como deponentes para contar experiencias en las que personas no vacunadas han sido “discriminadas”.

 

 

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