Lo que no se decidió por la pausa que supuso el huracán María, se decidirá pronto. La pregunta de fondo es: ¿Tiene la Junta de Control Fiscal supremacía sobre el ordenamiento legal-constitucional de Puerto Rico y capacidad para dictar la política pública? Una lectura simple, de un lego en derecho, a la Ley PROMESA nos lleva a responder que sí. Sin embargo, todo es impredecible ante la jueza Laura Taylor Swain tras la decisión adversa a la Junta sobre el intento para nombrar un síndico para la AEE. Quizás todo termine de nuevo ante el Congreso con enmiendas adicionales a PROMESA o con una recomposición de la Junta Fiscal. Ese es otro escenario.
Las sendas cartas que envió ayer al Gobernador, la Junta Fiscal, reanudan el aparente choque que existe entre ambos sobre el ritmo agresivo que debe seguir un plan fiscal para Puerto Rico. Antes de María, la Junta había ordenado al gobierno comenzar al 1 de septiembre de 2017 una reducción de jornada laboral de los empleados públicos. El gobernador Ricardo Rosselló lo objetó, a pesar de conocer de esa exigencia sino se cumplían las expectativas de ahorros contenidas en el plan fiscal aprobado hace un año, y ello llevó a la Junta presentar una demanda ante la jueza Swain. En eso llegaron los huracanes y la Junta detuvo todas sus órdenes. Ahora estamos ante la reactivación del análisis para la confección de un nuevo plan fiscal, ante la nueva realidad del país. Ese nuevo plan fiscal se supone sea más agresivo desde el saque, pues tiene como meta su cumplimiento en cinco años y no en diez como se visualizaba en el original.
Ayer la Junta le devolvió al gobernador su propuesta de plan fiscal y le pidió lo revisara en una semana, siendo advertido que las reformas fiscales y sociales deben comenzar ya. Anoche, en un mensaje televisado, el gobernador anunció que la Junta se adjudicaba poderes que no tiene. Y en una movida interesante y astuta, anunció que dejaba sin efecto la Reforma Laboral y evadió por el momento hablar de una impugnación judicial a la previsible imposición federal.
La lucha de titanes que detuvo María se reanudó. Al parecer ha llegado el momento para que quede definido el campo de acción de la Junta para dictar y poner en vigor nueva política pública, por encima de las instituciones democráticas tradicionales, como la Legislatura y la Rama Ejecutiva. José Carríón III había dicho antes de María que era conveniente que el tribunal se expresara sobre el asunto. Los juntistas no pierden nada con someterse a la discreción del tribunal. Distinto es el riesgo para el gobernador, por eso anoche no anunció un pleito legal. Ese riesgo se lo corrió cuando impugnó el nombramiento de Noel Zamot como síndico de la AEE y tuvo la suerte de ganar. Si hubiese asumido ahora, desde ya ,un riesgo similar y más adelanta ganaba pues quedaba legitimado para el resto del cuatrienio. Si pierde, se convertirá en un lame duck, término que se usa en la política estadounidense para referirse a los políticos que aun en el cargo pierden todo el poder.
Aun con ambos escenarios como posibles, creo que es necesario que se clarifique el asunto. Lo salomónico políticamente sería no llegar a la decisión judicial, cosa que ya sabemos evita La Fortaleza. Sin embargo, estamos ante un plan fiscal que tendrá vigencia por cinco años, y una pelea eterna entre la Junta y La Fortaleza no le conviene al país. Independientemente del rechazo o favor del público a las medidas de austeridad que están a la vuelta de la esquina, si algo desea todo el país es paz y estabilidad para, en las condiciones que sean, tratar de echar esto pa’lante.
