La pandemia del COVID-19 está cambiando los paradigmas de cómo interpretamos la economía y la política pública. Los indicadores macroeconómicos (crecimiento del PIB, desempleo, tasa de interés, inflación) están sumamente volátiles, y nos colocan en la zona de incertidumbre en el cual se dificulta el trabajo para proyectar expectativas de corto y mediano plazo. Como respuesta a la caída económica que resulta de la pandemia, muchos gobiernos a nivel internacional han puesto en marcha programas gubernamentales de apoyo económico para las empresas y familias al interior de sus respectivos países. En el caso de Puerto Rico, el gobierno local no ha podido articular un plan de apoyo económico efectivo para la economía interna; como tampoco ha sido capaz de agilizar la distribución de fondos federales que llegaron después del Huracán María, los temblores en el suroeste, y el coronavirus.
No es secreto para nadie que los municipios son las instituciones públicas que han cargado con el peso de mitigar daños que han sufrido los ciudadanos. No obstante, es preciso que los municipios se comiencen a concebir como parte de ecosistemas económicos regionales en conjunto con el entremado de cooperativas y pequeñas empresas que existen en el País, y que también están sufriendo la presión económica como resultado de la pandemia. La posibilidad de regresar a una normalidad económica previo a la pandemia se desvanece de forma acelerada. No se contempla la creación y producción en masa de una vacuna en el corto plazo. Además, ya son muchos los países que comienzan a poner trabas en el comercio de una vacuna futura o de algún tratamiento; esto implica que la economía global tal y como la conocíamos va a cambiar aceleradamente. Por esta razón, muchos economistas hemos entrado en el análisis y discusión de disciplinas como la economía social y economía solidaria. Estas formas de entender y explicar la economía radican en la idea de privilegiar los recursos natruales, modelos organizativos, y ecosistemas económicos locales para poder lograr un horizonte común de bienestar para las personas sin tener que depender o esperar por gobiernos centrales. Estos tienden a estar atrapados entre grupos asesores de diversos intereses, los cuales no permiten la acción efectiva a favor de los ciudadanos.
En Puerto Rico tenemos municipios, cooperativas, y empresas locales distribuídas por toda nuestra geografía. No obstante, estas instituciones no se comportan del todo como un ecosistema económico, aunque podemos ver algunos brotes verdes iniciales que van en esa dirección: la Iniciativa Tecnológica Centro-Oriental (INTECO), las cooperativas de energía que están desarrollando varios municipios al interior de la Isla, y el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). Ahora, el próximo paso es que los municipios puedan organizar un mapa de las empresas locales y cooperativas que operan al interior de sus jurisdicciones, e intentar de organizar estructuras similares a cámaras de comercio municipales. Esta reinstitucionalización permitirá diálogos permanentes entre municipios, cooperativas y empresas locales; se podrán identificar retos, trazar objetivos, y se le dará forma a la creación de un ecosistema empresarial-municipal. Ese esquema debe permitir el diálogo entre los municipios de las diferentes regiones del País, y se podrá organizar un modelo económico que surja de las bases, teniendo un efecto de “abajo hacia arriba”, en lugar del fallido modelo centralizado que va de “arriba hacia abajo”. Esta columna busca generar ese debate de ideas al interior de estructuras e instituciones que ya existen en Puerto Rico. El planteamiento requiere mucha discusión y mayor análisis, pero lo importante es cambiar las coordenadas del debate económico, y reconocer que la próxima década va a necesitar mucha creatividad, y sobre todo, mucha participación democrática de las instituciones económicas de base en Puerto Rico: municipios, cooperativas, empresas locales.
