Puerto Rico enfrenta grandes retos como pueblo, pero el mayor será la funcionalidad de un nuevo gobierno compartido. En nuestra isla, lamentablemente, todo gira alrededor del gobierno. Cuando digo “lamentablemente” me refiero a que el gobierno es una zona de guerra política partidista, y como elefantes en una cristalería, muchas veces los políticos tienen, precisamente, ese tacto, lo que termina impactando al pueblo y al sector productivo, el sector privado. ¿Recuerda el IVU de 7% en el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló?
Ambos, tratando de “sacarse un ojo” el uno al otro, terminaron sacándole los dos ojos al pueblo con ese impuesto. De otra parte, si en ocasiones bajo un mismo partido político controlando la rama ejecutiva y legislativa hay tranques o se camina con muletas, en los gobiernos compartidos eso puede convertirse en la práctica.
Recordemos que son dos partidos políticos que competirán en las próximas elecciones y después de tomar control del gobierno casi todo lo que harán será pensando cómo uno obstruye al otro para neutralizarlo de cara al próximo ciclo electoral. A eso súmele que hay unos partidos minoritarios que entraron sus candidatos y tendrán su participación, unos fiscalizando y otros intentando obstruirlo todo, en mi opinión. El tiempo dirá si estoy equivocado. La fiscalización es necesaria, pero la agenda de oponerse a todo solo provocará distracción y retraso.
Puerto Rico necesita con mayor urgencia madurez en la administración pública, algo que a su vez impacta, positiva o negativamente, el resto de los sectores de la sociedad. Pedro Pierluisi (PNP) en la gobernación, Rafael “Tatito” Hernández (PPD) en la Cámara de Representantes y José Luis Dalmau (PPD) en el Senado, tienen un gran reto: echar a Puerto Rico adelante con esa madurez requerida, o echarlo por el barranco nuevamente pensando cada cual en las elecciones del 2024 y cómo uno neutraliza al otro para la victoria de sus respectivos partidos políticos en esas elecciones.
La isla debe estar recibiendo una considerable cantidad de fondos federales en este cuatrienio, por lo que esa distribución de poder entre los dos partidos principales es positiva para velar por el buen manejo de dichos fondos y a las aves de rapiña que preparan sus garras para devorar todo lo que puedan. Los populares, y también los legisladores de partidos pequeños estarán velando de cerca esa distribución de fondos en el ejecutivo. Pero la legislatura no se quedará atrás. También será velada, en términos presupuestarios, por la Junta de Supervisión Fiscal, organismo que, al igual que el gobierno, tiene nuevos protagonistas.
Como cuestión de hecho, es la JSF el otro elemento a considerar en el análisis. Tanto Pierluisi como Hernández y Dalmau dependerán de la JSF y sus aprobaciones. Contrario a la expectativa de que este organismo federal se va este o el próximo año porque su vigencia era de 5 años, lamento decirles que el gobierno local extendió su vida útil. Según discutido, la Ley PROMESA establece que el termino de 5 años es de presupuestos balanceados diseñados y aprobados por el gobierno local. Eso nunca ha ocurrido. Hasta el momento, todos los presupuestos aprobados y vigentes en los últimos 4 años han sido impuestos por la JSF porque nuestro gobierno local sigue presentando presupuestos desbalanceados, y añado yo, pensando en las elecciones. A un presupuesto responsable no se le saca tanta ventaja electoral porque se presta menos para la compra de votos. Por lo tanto, la JSF nos acompañará durante todo este cuatrienio, a menos que el Congreso altere la Ley PROMESA y cambie esa regla del juego.
Este cuatrienio será uno con mayor filtro y lupa en la cosa pública, por lo que el diálogo, la madurez y la responsabilidad de la clase política será el mayor reto que tendremos ya que cualquier movimiento impactará como ficha de dominó nuestros trabajos, la economía, la seguridad, la salud, la educación, en fin, nuestra calidad de vida.
