Previo a que Donald Trump se mudara a la Casa Blanca en el 2017, los estadounidenses jamás habían tenido que lidiar con un presidente con problemas financieros tan profundos y con tanta determinación de ocultarle al público la realidad de sus finanzas. El imperio empresarial de Trump, el que defendió durante la campaña como ejemplo de su supuesta perspicacia financiera, no era más que un espejismo. Mientras invertía dinero en sus hoteles, sus campos de golf y sus negocios de bienes raíces, estos le ocasionaban pérdidas significativas año tras año. Cuando se postuló para la reelección, Trump tenía una deuda de más de $400 millones, la mayor parte de la cual habría vencido durante su segundo mandato si hubiera ganado en el 2020.
Y, sin embargo, durante casi cuatro años, en realidad no hubo nada que el público pudiera hacer al respecto. Como fue el caso de tantos de los innumerables abusos escandalosos de su presidencia, el expresidente se salió con la suya en gran medida al cumplir un mandato completo en el que negoció con líderes extranjeros, firmó legislación fiscal y nombró reguladores financieros, sin aclarar el estado de las finanzas de sus empresas, sus deudas personales y los conflictos de intereses y oportunidades de corrupción que creó junto a su equipo de trabajo. Si bien se supone que hay leyes y límites a la presidencia, Trump no tuvo restricciones, exponiendo cuán inútiles se han vuelto esas salvaguardas y cuán urgentemente la nación necesita reformar la oficina de la presidencia.
Los presidentes en un sistema democrático de gobierno no están destinados a obtener ganancias personales del servicio del gobierno ni otorgar indultos a amigos encarcelados, pervertir la justicia o fomentar una insurrección. Esa es la promesa de la democracia: que será superior a estas tendencias autoritarias de tiranos y reyes. Cuando se violan estas leyes y normas, deben activarse automáticamente graves consecuencias para que la democracia mantenga su integridad. Pero en este momento, tal como están las cosas después de los cuatro años de Trump en el cargo, los presidentes estadounidenses pueden, de hecho, cometer todos esos abusos y sufrir poco más que perder su cuenta de Twitter.
Puede que Trump no haya destruido la presidencia estadounidense, pero puso a la institución en un camino peligroso. Mientras el propio Trump ha estado sentado en Mar-a-Lago meditando sobre su derrota ante Joe Biden, todas las debilidades de nuestro sistema legal y constitucional que explotó permanecen, esperando que un futuro sinvergüenza presidencial se aproveche de ellas, tal vez incluso para el propio Trump si es reelegido en 2024. Por eso el Congreso y el actual presidente deben actuar de inmediato e imponer exigencias legales más severas para el comandante en jefe. Al aprobar leyes anticorrupción más estrictas, fortalecer las normas existentes y crear otras nuevas, y disuadir a los futuros presidentes de abusar de su poder al hacer de Trump un ejemplo y responsabilizarlo, el país puede protegerse contra futuras, y potencialmente mucho más devastadoras, elecciones presidenciales, corrupción y mala conducta. La nación puede y debe evitar el surgimiento de un tirano estadounidense.
Por difícil que sea de imaginar en nuestro clima político hiperpolarizado, imponer nuevas restricciones a la presidencia debería ser una causa bipartidista. Para aquellos partidarios de Trump que se deleitaron con las transgresiones del expresidente y adoraron la forma en que “se adueñó de las libertades” al ignorar los parámetros éticos que deben regir el proceder de un presidente, recuerden: la corrupción no conoce partidos, y el próximo presidente corrupto podría ser un demócrata.
