Alberto Torres no tardó en reconocer el lugar donde el gobernador Alejandro García Padilla emitió su mensaje sobre transformación del sistema contributivo: una de las fábricas de uniformes militares de Propper International, empresa que lo despidió en 2009 luego de apoyar los esfuerzos por unionar al personal de la planta de Adjuntas.
García Padilla dio su mensaje desde las instalaciones de Propper International en Cabo Rojo, donde, según dijo, se han creado más de 2,000 empleos. De ser cierta la cantidad de puestos, esas personas no dispondrán de los mismos beneficios que el personal de otras industrias y se podrían exponer a condiciones de trabajo precarias.
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A Propper International se le ha acusado de no tener agua en sus instalaciones, de reducir la hora de almuerzo y negar días de vacaciones, explicó Víctor Vélez, abogado que llevó un caso en contra de la empresa y quien recordó que, debido al hacinamiento, trabajadores se quejaban de calores extremos.
“No había papel de baño. A veces había que trabajar los días de vacaciones. Tenías supervisores con reloj mientras hacías las piezas. Intimidaban al trabajador. Pagaban el mínimo o por producción”, recordó el exempleado Alberto Torres, quien llevó un caso en contra de esa empresa ante la Junta Laboral Federal por persecución.
Ninguna de esas denuncias ha dañado la buena relación entre el Gobierno de Puerto Rico y Propper International, empresa de Missouri con alrededor de 30 años operando en la isla como una de las mayores manufactureras de uniformes militares y que es, además, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa.
No solo García Padilla grabó su mensaje desde una de sus instalaciones en Cabo Rojo, sino que actualmente la empresa goza de nueve contratos con la Compañía de Fomento Industrial, varios firmados bajo la pasada administración y algunos con vigencia hasta 2021 y que, en total, suman $9,519,564 millones, todos exentos de “servicios, arrendamientos, hipotecas y ventas”, indica el registro de contratos de la Oficina del Contralor.
“Me molesté (al ver el lugar desde donde el gobernador emitió su mensaje), porque nosotros hemos llevado la voz a las dos administraciones, y deberían saber que los trabajadores están peleando contra Propper en Cabo Rojo”, dijo Torres.
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Los empleados y empleadas de la Industria de Manufactura de Artículos de la Aguja no tienen los mismos beneficios que otros, pues continúan rigiéndose por el Decreto Mandatorio Núm. 35, revisado por última vez en 1992 y que establece en su artículo III que, en la industria de la aguja, el empleado no acumulará días por enfermedad, sino que se le descontarán de los días de vacaciones que tengan acumulados. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DT) está facultado para revisar el decreto, pero desde 1992 nadie lo ha tocado.
“Mi posición es que el decreto se debe enmendar. En principio, creo que se le debe conceder (la licencia por enfermedad). Tan temprano como a mediados de 2013 solicitamos un estudio en el que se basará nuestra propuesta y ya lo tenemos. Luego que decidamos cómo se hará el proceso para enmendar el decreto, lo haremos público”, declaró Vance Thomas, secretario del DT.
En una entrevista con The New York Times en 2008, el director ejecutivo de Propper International en Puerto Rico, Tom Kellim, aceptó que su empresa no concede los días por enfermedad que manda la Ley de Salario Mínimo. Dijo que “un viejo decreto mandatorio del Gobierno de Puerto Rico” exime a la industria de la aguja de algunas disposiciones laborales. El CPI trató de comunicarse con Kellim a su teléfono personal, pero la persona que contestó, en inglés, colgó luego de decir que Kellim ya no trabaja en ese lugar.
La administración central de Propper International, con sede en Cabo Rojo, tampoco respondió la solicitud de entrevista del CPI.
Oscar Quiles Casimiro, presidente de la fábrica Pentaq, de Sabana Grande, aseguró que se afectaría “grandemente” con una enmienda del Decreto Mandatorio Núm. 35 que implique dar una licencia por enfermedad a sus cerca de 250 empleados y empleadas. “Los contratos (de las fábricas de artículos militares) con el Departamento de Defensa están establecidos a cinco años y no se pueden cambiar”, añadió y aseguró que todas las fábricas en Puerto Rico se benefician del decreto. Vanesa Moretta Díaz, presidenta de Moretta Díaz Corporation, fábrica que opera en Adjuntas, expresó también que la eliminación del decreto afectaría a la industria de la aguja. “Los días por enfermedad no aplican por el decreto. Si se establecen estos días por enfermedad, como está la industria, con tanto cambio, nos va a afectar”. Moretta Díaz tiene alrededor de 150 empleadas y empleados y aseguró que ninguno se ha quejado por no tener días por enfermedad.
El secretario del DT explicó que la Ley de Salario Mínimo, que incluye días pagos por enfermedad, aplica a la industria de la aguja, pero que, al existir el Decreto Mandatorio Núm. 35, los patronos de esa industria pueden cargar los días por enfermedad a vacaciones.
Según un análisis del economista Juan Lara, la industria vinculada a la fabricación de uniformes e indumentaria militar goza de “un mercado protegido y lucrativo, con un cliente de extremada solvencia y estabilidad financiera, que le permite mantener una operación rentable aún con los costos salariales prevalecientes en lugares como Puerto Rico y los 50 estados”.
La administración García Padilla proyecta que ha incentivado el crecimiento de Propper International en Puerto Rico, tanto en el mensaje desde una de sus fábricas como en un artículo en The Huffington Post en 2014. Poco parece importar el hecho de que la empresa ha enfrentado, además, 11 demandas de exempleados y empleadas, incluyendo una del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, región de Utuado, según el registro de casos de la Rama Judicial. Joel Cintrón Arbasetti / Centro de periodismo investigativo
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