Luego de una primera reunión en que se presentaron alternativas sobre retiro que los gremios magisteriales consideraron como insatisfactorias, el encuentro que sostendrán con los representantes del gobierno el martes próximo podría determinar si se convoca a una paralización masiva del sistema educativo, adelantó el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep).
“Creo que la última mesa de diálogo va a ser la del martes que viene, a eso no hay que darle mucha vuelta. Nosotros no vamos a esperar al 15 (de marzo), antes del 15 de marzo hay que tomar una decisión. El secretario de Estado (Omar Marrero) nos dijo que, no importa lo que pase, el día 21 (de febrero) la Junta (de Control Fiscal, JCF) va a trabajar sobre el tema del pago y puede autocertificar el pago a los bonistas, independientemente de lo que el gobierno de Puerto Rico decida”, planteó Migdalia Santiago Negrón, una de las portavoces del Fadep, en referencia a la enmienda presupuestaria para incorporar el pago adelantado de $10,900 millones en efectivo a acreedores del gobierno central.
Para el Fadep, el comienzo de los pagos contemplados en el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) confirmado tornaría académico su proceso de apelación de la reestructuración, que incluye una petición para paralizar su efecto y, consiguientemente, los desembolsos a los acreedores.
“Anoche le dijimos a la gente que empecemos a activar los comités de trabajo en las escuelas. Nosotros sabemos cómo activarnos. Eso significa que nos vamos pa’ la calle”, puntualizó Santiago Negrón, presidenta de Educamos, unas de las tres organizaciones que componen el Fadep, junto a la Federación de Maestros y Unete.
En la reunión anoche en las oficinas del Sistema de Retiro de Maestros, que se extendió por varias horas, los funcionarios del gobierno, encabezados por Marrero, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y el director de la Administración del Sistema de Retiro, Luis Collazo, presentaron a los líderes magisteriales dos alternativas para mejorar los beneficios de retiro, explicaron por separado Santiago Negrón y Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación de Maestros.
“Una (de las opciones) es casi igual a la de la Policía, pero los números que nos presentaron no eran reales a la posición del magisterio”, indicó Bonilla Sánchez.
El pasado 27 de enero, el gobierno, con el aval de la JCF, anunció que cada policía activo y cobijado por la Ley 447-1951 o Ley 1-1990 de retiro recibiría en su cuenta de pensiones unos $30,000 en los próximos dos años. Asimismo, el gobierno aportaría unos $850 millones a lo largo de los próximos 15 años a dichos planes individuales, que se calcula permitirían que los agentes se retiren con pensiones cercanas al 50% de su salario.
Según Santiago Negrón, la segunda alternativa que expuso el gobierno implicaría “hacer una aportación grande al pote de cada uno de los maestros en los primeros dos años”.
“En el caso de los policías, que eran 6,000, no lo aprobó la Junta, así que me imagino que en el caso de nosotros, que somos 27,000, la Junta tampoco lo va a aprobar”, manifestó la líder de Educamos.
Bonilla Sánchez y Santiago Negrón mencionaron que los ejemplos que trajeron a la mesa los representantes de la administración de Pedro Pierluisi no se ajustan a la realidad salarial de la inmensa mayoría de los docentes del sistema público, cuyo salario base actualmente asciende a $1,750 mensuales. Específicamente, el gobierno intentó modelar lo que serían los beneficios de retiro para educadores que devengaran salarios de unos $40,000 anuales, lo que se traduce en $3,333 mensuales.
“Por eso es que nos vamos reunir el próximo martes como una mesa de diálogo para verlo con estos números que se acerquen a la realidad del maestro. Nos presentaron uno sueldo de $40,000, que eso no lo gana ningún maestro. Le dimos opciones con unos números para que entonces nos traigan esas dos alternativas con un sueldo mensual real del maestro, para nosotros entonces poder estudiar, analiza y evaluar las alternativas y opinar y saber si son o no viables”, sostuvo el presidente de la Asociación de Maestros, representante exclusivo del magisterio.
Hasta la fecha en que el PAD entre en vigor, los maestros que entraron al Departamento de Educación antes de 2014 tienen derecho a una pensión de 75% de su salario, una vez alcanzan los 30 años de servicio y 55 de edad.
“Ni siquiera el 75% vitalicio de hoy es digno, pero se puede sobrevivir, porque hay miles de maestros y maestras que están sobreviviendo con él a duras penas. Pero lo que estamos planteando es que yo quiero, aunque sé que no es lo mejor, lo mismo que están disfrutando los compañeros maestros y maestras que se jubilaron con ese 75%”, expresó Santiago Negrón.
Con la fórmula que se incluyó en el PAD para la pensión de aportación definida, la mayoría de los docentes se exponen a perder cientos de dólares mensuales en sus beneficios de retiro.
“Si yo me fuera hoy, mi retiro sería de $1,500 (mensuales), porque mi salario no llega a $2,000. Pero cuando la congelen, que yo multiplique mis años de servicio por 1.8, yo me voy con $325. ¿Quién vive en este país con $325, cuando la renta de mi casa es de $400?”, cuestionó la educadora.
El PAD, que estipuló que la nueva edad de retiro serían los 63 años, también dispuso que los maestros de menos de 45 años comenzarían a cotizar al Seguro Social, mientras para los de 45 en adelante sería opcional. Santiago Negrón, sin embargo, apuntó que la entrada al Seguro Social “no resuelve mucho”.
“Hubiera sido chévere escuchar alternativas” sobre la edad de retiro, dijo Santiago Negrón, al lamentar que la Ley 53-2021, que habilitó el PAD, no incluyera lenguaje que protegiera las pensiones futuras.
“En eso concurrimos con todos los grupos, que miren de nuevo la propuesta de la Junta. 63 años es mucho, (pedimos) que busquen una alternativa que sea real para que el maestro no tenga que terminar a los 63 años. El maestro no puede llegar a esa edad trabajando con las condiciones que tiene. Exigimos que buscan alternativas para que se puedan rebajar esos años”, sostuvo, por su parte, Bonilla Sánchez.
