El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió en ley un paquete de 10 medidas legislativas incluyendo el Proyecto de Administración 17 que ordena a varias agencias del Gobierno, en conjunto con el sector privado, a realizar un estudio exhaustivo sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la Isla.
Por parte del Gobierno el estudio será dirigido por la Junta de Planificación (JP) en colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Departamento de Hacienda (DH). También, participarán el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Puerto Rico Innovation and Technology Service(PRITS) y los Departamentos de Salud y de Educación.
En representación del sector privado estarán la Cámara de Comercio (CCPR), la Asociación de Industriales y la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico (SHRM).
“Por más de dos años la pandemia del COVID-19 ha trastocado la vida de todos y a pesar de que las estadísticas del desempleo son las más bajas en la historia, y de que nuestra industria turística se ha ido recuperando positivamente, así como otros sectores de nuestra economía, es importante que contemos con un estudio y datos puntuales sobre el impacto de la pandemia en Puerto Rico. Las recomendaciones del sector público y privado ayudarán a que continuemos estableciendo estrategias de desarrollo económico y de calidad de vida en la Isla”, sostuvo Pierluisi Urrutia.
Las agencias y entidades privadas que forman parte del estudio liderado por la JP deberán someter al gobernador y la Asamblea Legislativa, el mismo en un término no mayor de 180 días. En el documento, entre otras cosas, deberán analizar los efectos de la pandemia en la salud, el comercio, los pequeños y medianos empresarios, el turismo, los bienes raíces, la agricultura, servicios, construcción, entre otros. Asimismo, tendrán que emitir recomendaciones sobre posible legislación y medidas reglamentarias que garanticen la recuperación económica.
