Un informe de la Oficina de la Contralor, Yesmín Valdivieso, reveló que el Departamento de Educación pagó $418,596 por servicios de agua y luz que no utilizó en el 90% de las escuelas cerradas en la región educativa de Arecibo.
Tras el análisis de una muestra de 10 de las 61 escuelas cerradas en el 2017 y 2018, auditores de la contralora encontraron que la suspensión de la energía eléctrica se produjo 11 meses después de los cierres y la suspensión del servicio de agua potable casi dos años después.
Señala que la Oficina Regional Educativa de Arecibo, no siguió el proceso de cierre de las escuelas públicas de acuerdo con la Ley 85-2018, Ley de Reforma Educativa en Puerto Rico, durante el período auditado.
La auditoría de cinco hallazgos indica, además, que los directores y los consejos escolares no cumplieron con los trámites correspondientes para el cierre de las cuentas bancarias de las escuelas, contrario a las Directrices para el Cierre de Cuentas emitidas en el 2017.
En una de la escuelas se certificó la emisión de un cheque por $4,834 pero la escuela receptora no evidenció el uso de dichos fondos. En las escuelas restantes la documentación de cuentas bancarias no estuvo disponible.
Mientras, en una inspección, los auditores encontraron basura y escombros en las escuelas cerradas, cuatro escuelas que habían sido vandalizadas y caballos en los predios de dos escuelas. Además, las escuelas tenían equipos deteriorados como laptops, impresoras, cartuchos, pantallas, televisores, pizarras y otros materiales.
“Esta situación de falta de protección a la propiedad pública propicia el deterioro y que el Departamento no pueda vender o transferir la instalación”, señala el documento.
Como parte de los hallazgos, los auditores encontraron cajas de expedientes de estudiantes y exempleados apilados sin clasificar ni inventariar, en un área húmeda y sin ventilación en dos escuelas que servían de almacén.
“Esta situación propicia que personas ajenas tengan acceso a información confidencial y que los documentos no estuvieran disponibles para ser evaluados”, advierte.
Porteadores de transportación carecían de certificaciones
Por otra parte, señala que los expedientes de los porteadores de transportación escolar carecían de las certificaciones requeridas en la formalización del contrato, que expide el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudaciones Impuestos Municipales, el Departamento del Trabajo, la Comisión de Servicio Público, el Departamento de Estado, y la Administración para el Sustento de Menores, entre otros. Además, las copias de estos contratos se remitieron a la Oficina del Contralor, hasta un mes después de lo que dispone el reglamento.
Estas deficiencias ya había sido señaladas en el 2014 por la Oficina de la Contralora en el Informe de Auditoría DA-14-33.
Apunta, además, que contrario a la ley, los funcionarios de la Oficina de Finanzas del Departamento de Educación no retuvieron $1,645,134 en contribuciones no realizadas en el origen de los pagos a los contratistas de transportación escolar del 2017 al 2019. Tampoco el Departamento de Educación suministró el certificado de relevo total o parcial.
La auditoría devela también, que la Oficina Regional de Arecibo, no tuvo un encargado de propiedad del 2018 al 2019, no contaba con los inventarios físicos anuales de los años fiscales del 2017 y 2018, y otras deficiencias relacionadas con la propiedad. Una situación similar ya se se había señalado en el 2009 en un informe (Informe de Auditoría DA-10-06).
