En el Día Internacional de la Abogacía, dos abogados fueron procesados por cargos de conspiración, oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos ante la imputación de haberle pagado a una testigo para impedir que declarara en un juicio relacionado con un doble asesinato ocurrido el año pasado.
Se trata de los licenciados Juan Enrique Cátala Suárez y Ana Luisa González Cabrera. Cárala Suárez había sido en el pasado fiscal por contrato en la Oficina del Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente. De hecho, fue el fiscal en el caso contra la ex presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres.
La jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $45, 000. La vista preliminar fue programada para el 22 de febrero.
La fiscalía planteó que cuenta con prueba de que los abogados realizaron varios pagos a la testigo de un caso radicado contra uno de sus clientes. Esto, con el propósito de que la testigo evitara ser contactada hasta que transcurriera el término requerido para la celebración del juicio y el caso se desestimara. La Fiscalía de San Juan presentó los tres cargos por estas actuaciones que constituyen violaciones al Código Penal de Puerto Rico.
Conforme a la investigación, durante la etapa de vista preliminar la testigo dejó de asistir al tribunal y de responder las comunicaciones a la fiscal y los agentes a cargo del caso del doble asesinato. Al realizar las gestiones para contactarla a través de sus familiares, se descubrió que los abogados le entregaron dinero a la testigo para que se trasladara a otro municipio y no pudiera ser localizada hasta lograr la desestimación del caso de asesinato contra su cliente. Surge, además, que Cátala Suárez y González Cabrera le pidieron a la testigo que no contestara las llamadas de los agentes y la fiscal, y que no se dejara citar.
“Hoy tomamos acción para defender nuestro sistema de justicia de la corrupción. Resulta alarmante que dos personas que tienen el privilegio de practicar la abogacía en nuestros tribunales y la sagrada encomienda de defender la verdad y los derechos humanos le hayan fallado a la profesión, al sistema y al pueblo. Es decepcionante e inaceptable; por lo que ahora tendrán que enfrentar la justicia”, sentenció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales María Hernández Medina, Naydik Ramos Montesinos, Phoebe Isales Forsythe y Teresita Morales Arteaga.
La defensa de González Cabrera la llevan Candida Sellés y Ana Andreu.
“Es sumamente lamentable tener que procesar colegas de la profesión legal que conocen muy bien lo que representan estos delitos y las consecuencias de violar la ley. Peor aún, al tratarse de actuaciones que mancillan la confianza de los ciudadanos. Pero nadie está por encima de la ley y estamos cumpliendo con nuestro deber ministerial y compromiso con las víctimas del crimen. Actuaciones como las que denunciamos hoy no tienen cabida en nuestro sistema de justicia”, manifestó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.
