El Senado aprobó una medida que busca enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para permitir que la ciudadanía pueda retirar hasta $40,000 de sus cuentas individuales de retiro (IRA) o fideicomisos de empleados sin penalidad contributiva para la adquisición de equipos solares eléctricos y vehículos impulsados por energía alterna o combinada.
“Miles de negocios luchan por mantenerse a flote ante la realidad de que, en Puerto Rico, el 97% de la energía que consumen los hogares y negocios se produce con combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y carbón, y la inmensa mayoría de los vehículos se propulsan con gasolina, cuyo precio ha venido subiendo de manera súbita y constante”, establece la exposición de motivos del Proyecto del Senado 962 de la autoría del senador Juan Zaragoza Gómez (PPD).
Durante un turno sobre el proyecto, el senador independiente, José Vargas Vidot dijo que “cuando se habla de esta medida cabe señalar que la Asociación de Bancos insiste en poner un limitante… no estoy en contra, pero establecer la limitación de 30% no me parece lógico, lo que hace es limitar la medida… lo que quiero decir es que la medida comenzó muy bien hasta que le aplicaron la limitación de 30%”.
Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto del Senado 791 que propone enmendar la “Ley para la Atención de los estudiantes con Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 en las instituciones escolares públicas y privadas en Puerto Rico” para establecer responsabilidades adicionales a las escuelas, encargados y tutores de estudiantes con esta enfermedad.
Según establece la medida del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, a pesar de que existe la Ley 199-2015, que atiende a estudiantes con diabetes tipo 1 y tipo 2, esta población enfrenta diariamente múltiples obstáculos que le dificultan lograr la excelencia académica y su desarrollo integral.
A esos fines, “la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulga la presente medida para establecer de forma clara y precisa las responsabilidades de las escuelas públicas y privadas del país, y de los padres, encargados o tutores de los estudiantes con diabetes tipo 1 y tipo 2, así como proveerle herramientas legales adicionales para que no se permitan los patrones de discrimen en las áreas de estudios de estos pacientes y garantizar el cumplimiento de esta Ley. Con este esfuerzo, buscamos garantizar que el derecho de acceso a la educación de los niños y jóvenes diagnosticados con esta enfermedad crónica no se menoscabe por ninguna razón”.
Asimismo, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 338, de los senadores populares, Elizabeth Rosa Vélez y Juan Zaragoza Gómez, que propone ordenar al Departamento de Hacienda las cuantías en las remuneraciones y desembolsos de fondos públicos y los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por concepto de viajes dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, según establecidas en el Reglamento Núm. 7501 del 8 de mayo de 2008, a los fines de ajustar las tarifas pagadas a base de la inflación.
“Es política pública regular la forma y manera en la que los empleados públicos pueden reclamar ciertos gastos incurridos como parte de los viajes oficiales que tengan que realizar en Puerto Rico. A estos efectos, el Departamento de Hacienda estableció el andamiaje administrativo de pago de dietas y reembolsos provenientes de fondos públicos. Sin embargo, los reembolsos no cubren la totalidad, más aún si tomamos en cuenta la inflación que atraviesa el país. Por esto, esta medida es razonable ya que se les hará justicia a los servidores públicos”, manifestó la autora de la medida, la senadora Rosa Vélez.
Según la exposición de motivos de la medida, estos gastos incurridos se pagan a través de reembolsos por actividades como: gastos de comida (dieta), transportación y alojamiento. Además, estos reembolsos “no son premios, ni representan una ganancia inesperada o un privilegio para los empleados públicos que las reciben”.
Otra de las piezas legislativas aprobadas, fue la Resolución Conjunta del Senado 118 de la autoría de la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, que busca dejar sin efecto los memorandos, cartas circulares y directrices de reciente divulgación en el Departamento de Educación que limitan el acceso a servicios de T1.
“La RCS118 de mi autoría persigue que se revoquen las políticas adoptadas por el Departamento de Educación limitando los servicios que pueden proveer las T1 o asistentes de servicios, que hasta recientemente proveían diversidad de atenciones a los niños y niñas del programa de educación especial… la realidad en un país, en que el 37% de los estudiantes tienen un diagnóstico que ha ameritado que se les registre en el programa de educación especial. El trabajo de las asistentes o T1 va más allá de ayudar a la niña que necesita intérpretes de señas… en muchos salones la función de las T1 ha resultado ser la de auxiliarles también en el área académica”, destacó Santiago Negrón.
