GINEBRA (AP) — Según reportan hoy, miércoles, expertos en derechos humanos respaldados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), el gobierno de Venezuela intensificó sus esfuerzos por socavar la libertad democrática con el empleo de amenazas, vigilancia y acoso antes de que el presidente, Nicolás Maduro, se presente a la reelección el año que viene.
Una misión internacional de investigación aprobada por el Consejo de Derechos Humanos señaló que la represión violenta registrada entre 2017 y 2019 remitió tras el estallido de la pandemia de coronavirus al año siguiente. Eso coincidió con un descenso en las protestas masivas contra el gobierno. Hace tres años, un reporte de la delegación denunció “crímenes contra la humanidad” en el país ubicado en América del Sur.
Ahora, y mientras se preparan las elecciones presidenciales de 2024, lo expertos advirtieron de un aumento de las interferencias políticas. Señalaron que tres aspirantes opositores que se presentaban por la Plataforma Unitaria Democrática —Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano— fueron inhabilitados. Otras figuras destacadas ya tenían prohibido ejercer cargos públicos.
Con la esperanza de “silenciar, desalentar y sofocar” cualquier oposición, las autoridades han socavado libertades y aumentado las restricciones sobre la labor de defensores de derechos, grupos activistas, sindicatos, medios y partidos políticos, señalaron los expertos.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el estado silencia y crea un efecto disuasorio sobre cualquiera que pueda considerar participar en cualquier actividad que pueda percibirse como crítica con el gobierno”, señaló Patricia Tappata Valdez, miembro de la misión.
La falta de independencia de las autoridades judiciales y electorales “sofoca y suprime el debate político”, añadió.
Las facciones opositoras han organizado unas primarias pese a las limitaciones en el sistema electoral, que según observadores independientes coloca en posición ventajosa al partido socialista de Maduro.
La campaña se celebra en un momento de crisis económica e inflación disparada en Venezuela, que ha hecho que 7.3 millones de personas abandonen el país.
El reporte más reciente de los investigadores, basado en entrevistas y conversaciones con más de 300 personas, cubre un periodo entre enero de 2020 y el mes pasado. Los expertos lamentaron la falta de cooperación de las autoridades venezolanas.
