La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia presentó cargos el jueves contra un agente de la Policía, a quien se le imputa utilizar una tarjeta electrónica del Gobierno de Puerto Rico para abastecer su vehículo personal con gasolina.
“La corrupción es un mal social que estamos combatiendo en todos los niveles. Nadie puede beneficiarse personalmente de los bienes que le pertenecen al pueblo puertorriqueño. Quien cometa este tipo de delitos, enfrentará la justicia”, manifestó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.
Félix Rivera Quiñones enfrenta cargos de fraude, apropiación ilegal agravada y uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas, delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.
Los fiscales Arlene Patiño Lorenzo y Enrique Rodríguez Álamo también le formularon un cargo por violar el artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Dicha disposición establece que “[u]n servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
El caso se originó por un referido de la División de Asuntos Internos del Negociado de la Policía de Puerto Rico. La pesquisa fue liderada por el sargento Carlos Crispín López, junto a los fiscales de la DIPAC.
Según la investigación, el 5 de enero de 2023, el imputado se presentó a una estación de gasolina y utilizó una tarjeta electrónica de la flota asignada a un vehículo de su Agencia, para comprar combustible y abastecer su vehículo privado. Es decir, que el combustible con el que abasteció su vehículo fue pagado con fondos públicos. La vista preliminar quedó pautada para el 13 de diciembre de 2023, en la sala 605.
La jueza Alfrida Tomei Imbert, del Centro Judicial de San Juan, determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza global de 40,000 dólares, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).
Este caso fue presentado por el Departamento de Justicia directamente al tribunal, toda vez que al funcionario no le aplican las disposiciones de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
