La Coalición Civil María 2017 presentará una demanda de clase al Tribunal Federal para solicitar el desembolso de unos $43.5 billones asignados para la reconstrucción de la isla tras los huracanes Irma y María, salvo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) se reúna con estos en los próximos 15 días laborables para llegar a un acuerdo.
El colectivo, compuesto por la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, sobre 41 municipios y unas 4,500 iglesias, ha denunciado, por los pasados seis años, la lentitud en los procesos de reconstrucción de las estructuras damnificadas debido a la burocracia de las agencias gubernamentales.
“Le vamos a dar 15 días a FEMA para que nos conceda una reunión que se nos ofreció hace seis meses y jamás la concretaron. Estamos dispuestos a dialogar. 15 días laborables para que se comuniquen con nosotros y nos den unas alternativas y nos den algo que nos convenza de que esto se va a poner en función”, estipuló el portavoz de la Coalición Civil María 2017, Iván Casals.
Entre los puntos en discusión está que se les permita acceder a los beneficios de las ayudas a todas las organizaciones sin fines de lucro “que, por falta de comunicación entre FEMA y COR3, no tuvieron una oportunidad justa para entrar en el programa y se quedaron fuera”, como fue el caso de muchas iglesias.
El ministro evangélico Moisés Román enfatizó que los templos casualmente son la primera opción de albergue o refugio para la población.
Asimismo, solicitan que se le extienda, a toda la isla, el término de un año para revisar y corregir todos los inventarios de daños, además de que se les permita, a las organizaciones, aumentar el costo gerencial para contratar consultores.
“Luego de realizar cientos de gestiones en los últimos dos años para tratar de reconstruir las facilidades de las organizaciones afectadas por los huracanes Irma y María, agravado por el terremoto del 7 de enero de 2020, e impactado por la peor pandemia del siglo: el Covid 19, la realidad es que ha habido muy poco progreso”, lee el comunicado del colectivo.
“La desigualdad y los conflictos que existen entre FEMA y el COR3 (la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) ha sido y sigue siendo un serio obstáculo para el desarrollo del programa de reedificación o reconstrucción que tiene miles de millones de dólares asignados”, continúa.
Casals señaló que el COR3 ha desembolsado tan solo un por ciento de los fondos asignados por el gobierno federal para la reconstrucción de la isla.
“Mientras más tiempo pasa, más encarecen estas construcciones, más caro están los productos, menos funciona lo que se hizo cinco años atrás que se evaluaron estas propiedades”, dijo el portavoz.
Además, Casals advirtió que la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias (Ley Stafford) establece que el gobierno debe tomar en consideración los aumentos en los costos de construcción debido a la inflación.
Tanto Casals como el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, José J. Taboada de Jesús, denunciaron que los municipios han tenido que luchar por acceder al dinero disponible, pues, de primera mano, las agencias gubernamentales exigían que el municipio reparara o construyera, y luego se le reembolsara.
Asimismo, la coalición señaló que el programa actual ha sufrido, por lo menos, tres cambios fundamentales, lo que ha triplicado el costo por encima de lo estimado inicialmente. “El resultado de esto es que ninguna entidad sin fines de lucro tiene los fondos para pagar los consultores requeridos para completar el trámite de las solicitudes”, estipularon mediante declaraciones escritas.
“Ellos (el COR3) no son los que se supone que estén velando por los fondos federales. La Ley Stafford obliga a FEMA a hacer esto y ellos se han hecho de la vista larga”, aseguró Casals.
