La Cámara de Representantes informó hoy que atenderá en su sesión de mañana, martes, dos medidas que transformarán la manera en que se investigan y procesan los casos de violencia sexual infantil en Puerto Rico.
Así lo confirmó el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien celebró una cumbre en noviembre pasado a la que asistieron organizaciones encargadas de procesar los casos de abuso de menores en la isla, y que favorecieron la intención legislativa de los proyectos de la Cámara (PC) 1932 y 1933.
El PC-1932 instituye una pena agregada para los delitos contra la indemnidad sexual de un menor, con el propósito de extender la supervisión del Estado, en la modalidad de libertad supervisada, para monitorear el proceso de adaptación y rehabilitación de la persona convicta por los delitos de agresión sexual, incesto, actos lascivos, trata humana con fines de explotación sexual, pornografía infantil y la seducción, persuasión, atracción y coacción de menores a través del internet y medios electrónicos o sus tentativas, luego de completar la pena original dispuesta en cárcel.
Mientras que el PC-1933 transforma los “Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual” (CIMVAS), en los “Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención” (Centros PITI), que estarán adscritos al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y tendrán la autoridad para uniformar y ampliar las normas y protocolos existentes para atender casos de delitos sexuales contra menores, así como ofrecerles los servicios necesarios y evitar que el menor sea revictimizado por el Estado.
“Erradicar la violencia sexual contra los menores en Puerto Rico ha sido una prioridad en la Cámara de Representantes y mañana aprobaremos estos dos proyectos que garantizan que se cumpla con los dispuesto en nuestro estado de derecho para proteger a nuestros niños y niñas”, indicó Hernández Montañez.
El presidente cameral adelantó que estas medidas cuentan con respaldo multipartita en el cuerpo legislativo que preside y que surgen como resultado de la Alianza para la Prevención e Intervención de Casos de Agresión Sexual Contra Menores, compuesta por las tres ramas de gobierno.
“No descansaremos hasta que estas medidas se conviertan en ley y se ponga en marcha lo dispuesto en cada una de ellas, y desde la Asamblea Legislativa nos aseguramos de que se cuenten con todos los recursos necesarios para que tanto las entidades gubernamentales como las organizaciones sin fines de lucro continúen su labor en beneficio de nuestra niñez”, concluyó Hernández Montañez.
