La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, refirió al Departamento de Justicia su señalamiento sobre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que evalúe posibles acciones por el acceso a datos del Registro General de Electores.
“Referimos el caso al Departamento de Justicia para evaluar exactamente cómo el CPI logró acceso a información privilegiada y confidencial de la Comisión Estatal de Elecciones”, indicó ayer la presidenta alterna en entrevista con Metro Puerto Rico.
El pasado 24 de septiembre, el CPI publicó un reportaje titulado Amplio esquema de robo de votos corrompe el sistema electoral en Puerto Rico en el que reveló que 900 mil fallecidos continúan en la lista del Registro Electoral y que alegadamente miles de ellos aparecen votando en las últimas dos elecciones.
Según su investigación, se trata de un patrón en el que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) junto con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) utilizan datos de electores fallecidos, personas mayores o que no viven en Puerto Rico para cometer distintas modalidades de fraude electoral. La investigación se fundamentó especialmente en datos del Registro General de Electores, y es este acceso fue lo que más le preocupó a la presidenta alterna.
Sin embargo, Padilla Rivera calificó como falsa la información que provee el reportaje al haber sido “sacada de contexto e irresponsable”.
“Evidentemente al contenido le falta la verdad e induce a error, intercala expresiones de esta presidenta que no niego que sí, que las dije, pero no en el contexto de la noticia, que fue como se quiso hacer ver”, añadió.
La presidenta alterna recalcó que la denuncia es en contra del acceso “ilegal” por parte del CPI y no en contra de los periodistas de manera individual.
“El Registro General de Electores es un documento confidencial que se utiliza exclusivamente para fines electorales, lo que hizo el Periodismo de Investigación con nuestro Registro General de Electores fue un acto ilegal”, sentenció Padilla Rivera.
En el pasado reciente, se ha divulgado información confidencial de electores por parte de empleados de la CEE, como fue el caso de la abogada, Mayra López Mulero. La abogada y analista política radicó querellas en diversos foros. Así mismo, figuras políticas han divulgado información privada de electores y de periodistas.
