La Federación de Alcaldes de Puerto Rico se reunió con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el jueves para abordar la distribución de fondos destinados a los municipios y discutir el progreso en metas fiscales establecidas.
Durante el encuentro, el presidente de la federación y alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández, enfatizó la necesidad de completar los desembolsos pendientes y aseguraron que han cumplido con compromisos clave del plan fiscal certificado.
Conforme a Hernández, aún quedan $1.13 millones por distribuir del Fondo de Servicios Esenciales y que tampoco se ha definido la asignación de $15 millones para el Fondo de Amas de Llave, destinado a proveer asistentes de hogar en municipios con alta población envejeciente.
“Estamos hablando de que van a ser 64 municipios los que se van a beneficiar de este incentivo para poder cubrir lo que son asistentes de hogar, que bastante falta hacen”, expresó Hernández.
“La necesidad que tenemos de amas de llave en todos los municipios de Puerto Rico es cada vez mayor, sobre todo por el crecimiento de la población envejeciente”.
El plan presentado por la Federación establece que las amas de llave recibirán un salario de $10.50 por hora, lo que implica un costo total de aproximadamente $1,459 por empleada, incluyendo las aportaciones patronales a Seguro Social y desempleo.
En cuanto al Tercer Turno de Paramédicos, se asignaron $9 millones, pero aún no se ha determinado su distribución.
“Nosotros, la Federación de Alcaldes, hemos tomado en serio las metas que la Junta plasmó en su plan fiscal y hemos ejecutado en la dirección que la Junta quiere”, afirmó Hernández.
“Logramos que se desembolse el 100% de los fondos que habían considerado solo liberar parcialmente, y comenzamos a dialogar lo que será la discusión del presupuesto para el próximo año fiscal”, continuó.
Otro de los temas discutidos fue la integración del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal a la plataforma SURI, programada para comenzar en julio de 2025. Hernández indicó que Camuy y Toa Baja ya firmaron para iniciar el proceso, mientras que Maunabo está en trámite y Villalba y Cidra serían los siguientes en sumarse.
Mientras, para los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Hernández detalló que desde 2022 se han aprobado 17 municipios con POT, mientras que 26 están en revisión y 31 en proceso de actualización. Sin embargo, Añasco, Arroyo, Isabela y Loíza nunca han tenido un plan de ordenamiento.
El presidente de la federación, también, manifestó preocupación por la falta de distribución del Fondo de Iniciativas Municipales, que asciende a $35 millones. Además, señalaron que aún no se han asignado los $3 millones destinados a la Junta de Planificación para actualizar los POT.
“Los gobiernos municipales son necesarios porque, si cerramos un municipio, ¿quién le va a dar servicio de recogida de basura, de amas de llave o de seguridad a esas comunidades?”, cuestionó.
Por otro lado, el tema de la paralización de la Ley 141 de 2024, que flexibiliza la contratación para proyectos de construcción, no fue abordado en la reunión. Hernández, en respuesta a preguntas de la prensa, explicó que la JSF otorgó tiempo adicional al gobierno de Puerto Rico para revisar y someter la documentación requerida.
“No tocamos el tema porque la Junta de Control Fiscal emitió un comunicado dándole tiempo adicional al gobierno de Puerto Rico para revisar y someter los documentos requeridos de la ley 141. Porque es bien importante recalcar, el problema de veto de la ley 141, la paralización o dejar sin efecto la misma, no se trata de que la Junta esté en contra, se trata de la información que el gobierno estatal no le proveyó. Entiendo yo que como hubo una transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, eso provocó que ese asunto no se atendiera”, concluyó.
