Una medida que busca facilitar la inserción laboral de personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down fue aprobada en el Senado.
El Proyecto del Senado 133, presentado por el senador Gregorio Matías Rosario y la senadora Joanne Rodríguez Veve, enmienda la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Código de Rentas Internas para establecer mecanismos de apoyo y beneficios contributivos a empresas privadas que contraten a personas con estas condiciones.
La nueva ley otorga al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la responsabilidad de identificar y crear herramientas que permitan a estas personas integrarse al mundo laboral. Además, establece incentivos para patronos que los empleen, incluyendo una deducción contributiva de hasta $2,500 por cada empleado con autismo o Síndrome Down que trabaje a tiempo completo durante al menos nueve meses en un año contributivo.
Según datos presentados en la exposición de motivos del proyecto, en Puerto Rico se han diagnosticado 243 nuevos casos de Síndrome Down entre 2015 y 2021, mientras que la prevalencia del autismo en la isla es mayor que en Estados Unidos, con una tasa de 1 de cada 62 nacimientos. A pesar de ello, muchas personas con estas condiciones enfrentan serias dificultades para acceder y mantenerse en empleos remunerados.
La legislación también dispone que el Departamento del Trabajo promueva activamente la contratación de estas personas a través de acuerdos colaborativos con empresas y proyectos terapéuticos que fortalezcan sus habilidades. Asimismo, el Secretario del Trabajo deberá garantizar los acomodos razonables necesarios para que los empleados con estas condiciones puedan adaptarse a su entorno laboral.
Aprueba resolución para investigar la matrícula de la UPR
Por otro lado, una medida orientada a salvaguardar el futuro de la principal institución de educación superior en la isla, el Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución del Senado 22, presentada por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez. La resolución encarga a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado realizar una investigación profunda sobre el estado general de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico (UPR), la participación en sus programas académicos, la vigencia de los currículos y el desarrollo de los recintos universitarios.
Entre los puntos a evaluar se encuentra el descenso en la matrícula, que ha sido de más del 20% en la última década, así como la pertinencia de los programas académicos y la adecuación de los currículos a las demandas del mercado laboral y a las tendencias internacionales en educación superior.
Además, la Comisión deberá examinar el estado de la infraestructura física y tecnológica de los recintos de la UPR, recabando información sobre estudios, planes y proyectos relacionados con el desarrollo y modernización de la institución. La resolución prevé la posibilidad de realizar vistas públicas y requerir la comparecencia de funcionarios y expertos para obtener datos actualizados y completos.
