El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la portavoz de Proyecto Dignidad (PD) en ese cuerpo, Joanne Rodríguez Veve, presentaron una medida para establecer regulaciones en las llamadas terapias de afirmación o de cambio de sexo para menores de edad.
Se trata del Proyecto del Senado 350 que, de ser aprobado en la Legislatura y firmado por la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón, llevaría por título “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico”.
“El proyecto de ley responde a una creciente preocupación global sobre la realización de procedimientos químicos y quirúrgicos experimentales en menores de edad, diseñados para modificar la biología de su sexo bajo el pretexto de una transición de género. Estas intervenciones, en su mayoría irreversibles, presentan riesgos significativos que incluyen efectos físicos, emocionales y psicológicos adversos“, precisaron en un comunicado de prensa.
“Ante esta realidad, 26 estados de Estados Unidos, el gobierno federal, así como los países pioneros en Europa sobre esta materia han decidido restringir o prohibir estos tratamientos, entre estos: Suecia, Finlandia, Noruega e Inglaterra”, agregaron.
Puntos clave de la propuesta legislativa
• Prohibición de procedimientos de alegado cambio de sexo: Ninguna institución médica o profesional de la salud, pública o privada, podrá realizar intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales que alteren la biología sexual de un menor bajo el pretexto de una transición de género.
• Restricción de uso de fondos públicos: Las instituciones, sean públicas o privadas, que reciban financiamiento público no podrán destinar recursos para financiar, promover ni avalar este tipo de prácticas.
• Sanciones claras y efectivas: Las violaciones a esta ley estarán sujetas a estrictas sanciones, que incluyen reclusiónpor un término fijo de quince (15) años, revocación de licencias profesionales y multa de 50,000 mil dólares.
Asimismo, precisaron que al los menores de edad no haber alcanzado la madurez emocional y cognitiva completa, son vulnerables a tomar decisiones que podrían “impactar su salud y futuro de manera negativa con posibles consecuencias irreversibles”.
“En este sentido, la ley busca proteger su derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente que respete su bienestar integral, ante influencias sociales, médicas o culturales que puedan poner en riesgo su salud física y emocional.
La esencia de esta ley es garantizar que nuestros niños y adolescentes puedan alcanzar su máximo potencial en un entorno seguro, basado en principios de respeto, dignidad y protección", concluyeron.
