El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto al portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el cuerpo legislativo, Luis Javier Hernández Ortiz, y su portavoz alterna, Marially González Huertas, presentaron una medida que busca garantizar mayores fondos para la población con diversidad funcional.
Se trata de la Resolución Conjunta del Senado 35, que ordena a la Junta Estatal del Programa de Desarrollo Laboral, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a destinar un mínimo del 10% de los fondos federales recibidos bajo el Título I de la Ley de Oportunidades de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) para servicios y programas dirigidos exclusivamente a esta población.
“La justicia social exige que todas las personas tengan acceso equitativo a oportunidades de desarrollo y empleo. Conociendo la realidad de la población con diversidad funcional y la baja cantidad de oportunidades y servicios a su disposición, decidí respaldar esta iniciativa que garantiza fondos, para brindarles experiencias laborales. No se trata de un privilegio, sino de hacerles justicia y reconocer los diversos valores de todos los miembros de una sociedad. Estoy seguro que todos van a enriquecer los ámbitos en los que se desempeñen. A mis compañeros legisladores les exhorto a sumarse a esta gran causa”, expresó Rivera Schatz.
Asimismo, la resolución conjunta responde a la necesidad de ampliar los servicios que el Programa de Desarrollo Laboral ofrece a este sector.
Según los datos del DDEC, entre los años fiscales 2020-2021 y 2023-2024, se ofrecieron servicios a solo 1,304 adultos y 1,516 jovenes con diversidad funcional, a pesar de que el programa ha manejado más de $408 millones en fondos WIOA durante el periodo de 2021 a 2024.
De igual forma, busca que al menos $12 millones de dólares anuales, basados en la asignación proyectada de $120 millones para 2024-2025, se dediquen únicamente a esta población, incrementando su acceso a oportunidades laborales y de apoyo.
La medida, además, ordena al DDEC emitir normativas o cartas circulares necesarias para implementar esta asignación en un plazo de 60 días tras su aprobación, y exige un informe detallado sobre los programas e iniciativas dirigidas a personas con diversidad funcional dentro de los 90 días siguientes.
“Tengo que agradecer al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a la portavoz alterna, Marially González Huertas, quienes presentaron la pieza legislativa junto con este servidor, como muestra de la unidad de propósito que nos une en las causas positivas para Puerto Rico. En el caso del presidente del Senado, desde el primer momento en que le planteamos la idea, mostró interés en ser parte de la iniciativa que hoy presentamos. Hago un llamado a los senadores que así interesen, que se unan a esta medida que es en bienestar de las personas con diversidad funcional”, concluyó Hernández Ortiz.
