La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo evalúo hoy, viernes, una medida para hacer más eficiente el proceso de permisos en Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 81 propone enmiendas a la Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, con el objetivo de agilizar los procesos de permisos y reforzar la eficiencia del sistema actual. La medida establece que, si una agencia gubernamental no emite sus recomendaciones dentro del término establecido, se entenderá que no tiene objeciones al proyecto propuesto. Asimismo, dispone que dichas recomendaciones no serán vinculantes y que la decisión final sobre un permiso deberá basarse en la totalidad del expediente administrativo.
El licenciado Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la OGPe explicó que las enmiendas proveen a la agencia las herramientas necesarias para continuar cumpliendo con su misión ministerial de otorgar los permisos bajo un sistema ágil y eficiente.
“Estas reformas al sistema de permisos no son simplemente cambios administrativos; representan una transformación real en la vida de los puertorriqueños que buscan construir su hogar, expandir su negocio o crear nuevas oportunidades de empleo. Al agilizar estos procesos, no solo facilitamos el desarrollo económico en términos abstractos, sino que eliminamos barreras concretas que por décadas han frustrado las aspiraciones y sueños de miles de familias y empresarios puertorriqueños”, expresó Almodóvar Vélez.
No obstante, ante la disposición que establece que, si no se emiten recomendaciones en el término establecido, se entenderá que no existen objeciones, el funcionario recomendó permitir una extensión de 30 días adicionales para aquellas agencias, municipios o entidades que así lo soliciten. A preguntas del presidente de la Comisión, advirtió que aprobar proyectos sin recomendaciones podría acarrear “resultados crasos”.
En respuesta a las preocupaciones de los senadores Ángel Toledo y Eliezer Molina sobre la disponibilidad de personal, Almodóvar Vélez reiteró que la OGPe cuenta con el personal y la capacidad necesaria para manejar la carga de trabajo y de permisología.
Por su parte, el ingeniero Jorge Guerrero, en representación de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, respaldó la medida, destacando que “tener diversos organismos que emiten o deniegan permisos resulta en un proceso fragmentado que no abona a la eficiencia y la centralización de un sistema de permisos con enormes retos”. Añadió que una de las disposiciones más importantes es que el DRNA no emite permisos, sino que asesora a la OGPe en la fiscalización y cumplimiento de la política pública.
El proyecto afirma la supremacía de la Ley 161-2009 sobre otras leyes y reglamentos que puedan entrar en conflicto con sus disposiciones, garantizando así la coherencia y uniformidad del proceso de permisos en Puerto Rico. También, se proponen cambios a la Ley Orgánica del DRNA para reforzar su rol de asesoría y apoyo técnico, sin delegarle decisiones vinculantes, promoviendo así un balance entre la protección ambiental y el desarrollo económico.
En cuanto a la posición de la DRNA, la directora de la Oficina de Asuntos Legales, licenciada Brendaliz González Méndez, aseguró que el P. del S. 81 tiene un propósito loable y el “DRNA recomienda favorablemente la aprobación de esta pieza legislativa, la cual viabilizaría la centralización de los permisos en la OGPe”. Aunque sentenció que, el Departamento se encuentra aún en el proceso de llenar las vacantes de biólogos y agrimensores que permitirían un avance y menor tiempo de espera en la concesión de permisos.
La medida requiere que tanto el DRNA como la Oficina de Gerencia de Permisos adopten, en un plazo de 180 días, todas las reglamentaciones necesarias para cumplir con sus disposiciones. “Estamos conscientes del término, y ya el secretario Waldemar Quiles delegó la encomienda de comenzar a evaluar la reglamentación”, adelantó González Méndez.
Por otro lado, la arquitecta Alexandra Betancourt Pagán, del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), se expresó en contra de la medida por considerar que debilita el mandato constitucional del DRNA para custodiar los recursos naturales de la Isla. Como alternativa, recomendó evaluar el sistema interno del DRNA con el fin de identificar oportunidades para agilizar sus procesos sin comprometer sus funciones.
A preguntas del senador Adrián González, Betancourt Pagán sostuvo que una fiscalización efectiva debe facilitar la participación técnica de las agencias mediante comentarios, antes de prescindir de ellos para otorgar permisos.
A su vez, el ingeniero Manuel Bermúdez Pagán, en representación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), no asumió una postura oficial sobre la medida, pero ofreció varias recomendaciones. Entre ellas, eliminar la extensión de 15 días para someter recomendaciones, pues a su juicio, las agencias deben contar con la información necesaria desde el inicio. Asimismo, propuso que se establezca un término límite para que la OGPe emita sus determinaciones.
Finalmente, aunque la Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) no compareció a la vista pública, envió un memorial explicativo en el que expresó su apoyo a la medida, siempre y cuando se cumpla con las leyes ambientales y federales aplicables.
“La OECH no tiene objeción a las enmiendas propuestas. Sin embargo, recomendamos que durante el proceso de conceder permisos bajo el amparo de la Ley 161-2009, se les aperciba a los solicitantes de asegurarse también cumplir con las leyes ambientales federales aplicables. Esto para no poner en riesgo la otorgación de fondos o licencias federales requeridas para desarrollar los proyectos concernidos”, cita el memorial.
