Un proyecto de ley del Senado, que según organizaciones de derechos humanos abre a puerta a legalizar el discrimen, fue aprobado a viva voz el lunes por la Cámara de Representantes.
El proyecto pasa ahora para la consideración de la gobernadora.
La media fue aprobada en un poco concurrido hemiciclo luego de que la representante de Proyecto dignidad, Lisie Burgos, se expresara a favor del polémico proyecto.
El Proyecto del Senado 1, denominada “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, busca “establecer protecciones adicionales para la libertad religiosa y modifica disposiciones sobre la vacunación obligatoria en menores”.
La medida, aprobada por el Senado el jueves, fue objeto de objeciones por diversas organizaciones y miembros de la oposición política.
Previo a la aprobación en el alto cuerpo, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, cuestionó el proyecto, argumentando que la medida podría abrir la puerta a la discriminación y afectar la política pública de salud en la isla.
“El que les diga que este proyecto es para trabajar o atender el asunto de la vacunación es un hipócrita”, afirmó el legislador, asegurando que la medida tiene “ramificaciones más serias” al permitir que las creencias religiosas puedan utilizarse para negar servicios o eximir a personas de cumplir con ciertas regulaciones.
En ese momento, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, también repudió la legislación.
Santiago advirtió que el proyecto facilitaría la legalización del discrimen en servicios esenciales, incluyendo la atención médica. Explicó que, de aprobarse, permitiría que empleados del Departamento de Salud se nieguen a brindar servicios a personas de la comunidad LGBTQ+ alegando razones religiosas.
Federación LGBTQ+ denuncia aprobación Proyecto del Senado 1
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció la aprobación del Proyecto del Senado 1, denominada “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”.
“Parece mentira que la Cámara —bajo descargue y sin vistas públicas— aprobara una medida que abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito", aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
“Como si fuera poco, aprobaron el PS 350 que representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. Esto es cruel e inhumano”, sentenció Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
“Exhortamos a la gobernadora Jenniffer González Colón a que no dé paso a estos proyectos que abren la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan. Vete estas medidas”, concluyeron los portavoces.
