La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico pidió este martes, a la gobernadora a que vete la medida que daría licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa y la medida que criminalizaría a padres y profesionales de la salud que ofrezcan terapias de afirmación de género a menores de 21 años.
“Le pedimos a la gobernadora Jenniffer González Colón que no dé paso a estos proyectos que abren la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan. En su discurso inaugural en la toma de posesión, usted prometió ‘gobernar para todos los puertorriqueños’. Este es el momento, vete estas medidas, gobernadora”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la federación.
Sin embargo, la gobernadora dijo ayer que firmará la medida porque ella entiende que no se le están quitando derechos a personas para darle derechos a otras personas.
“El Proyecto del Senado 1 abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito”, continuó Serrano.
“Por otro lado, el Proyecto del Senado 350 representa un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Las entidades de la salud han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans. Convertir este proyecto en ley sería cruel e inhumano”, sentenció Ivana Fred Millán, directora de la federación.
