Durante una vista pública que efectuó este lunes la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes se evaluó el Proyecto de la Cámara 227 que busca enmendar la Ley 297-2018 para eliminar el requisito de presencia física de menores con diversidad funcional al momento de utilizar turnos preferentes en las filas de las agencias gubernamentales.
El Departamento de Hacienda (DH) expresó que no tiene objeciones a la aprobación de la pieza legislativa, al considerar que no tiene impacto fiscal y que está alineado con los principios de inclusión y accesibilidad que deben regir los servicios públicos. La agencia reconoció que el lenguaje propuesto representa un paso afirmativo para reducir las barreras administrativas que enfrentan las familias con personas con diversidad funcional. Además, sugirió como enmienda el que la presencia de personas adultas con diversidad funcional sea excluida del requisito de estar de manera presencial.
Mientras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) también mostró su respaldo a la medida. En su memorial explicativo, la agencia destacó la importancia de promover un trato “digno, justo y sensible” hacia las personas con diversidad funcional y sus cuidadores. El DTOP sostuvo que la eliminación del requisito de presencia física del menor facilita los procesos y mejora la calidad del servicio gubernamental, sin comprometer su integridad.
Asimismo, la OPPEA recomendó enmiendas al proyecto para evitar que los adultos mayores pierdan derechos adquiridos por entender que este proyecto de ley no permite la representación de un tercero para gestionar los servicios a un adulto mayor de 60 años o más. OPPEA destacó que esta población, al igual que los cuidadores de menores con diversidad funcional, enfrenta múltiples desafíos en la gestión de servicios, por lo que cualquier proyecto o medida, debe ir dirigido a facilitar el acceso a los servicios.
El proyecto, de la autoría de Gabriel Rodríguez Aguiló, también amplía las entidades responsables del cumplimiento de la ley, incluyendo a la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) y al Procurador del Ciudadano (OPPEA).
