Hubo un tiempo, no hace tanto, en que después de un tiroteo masivo, los defensores del derecho a portar armas asentían ante la posibilidad de lograr acuerdos, con aquellos que proponen ciertas restricciones a la venta de armas, antes de esperar a que los recuerdos se desvanecieran y oponerse a cualquier nueva legislación para regular las armas de fuego.
Esta vez, ni tan siquiera hubo amague de la posibilidad de lograr un acuerdo y fueron directamente a esbozar los argumentos sobre el porque el regular las armas de fuego no es la solución.
“La herramienta más efectiva para mantener seguros a los niños es la asignación de guardias armados en las escuelas o armar a nuestros maestros”, dijo el senador republicano de Texas Ted Cruz a MSNBC unas horas después de que un menor portando rifles de alto calibre matara al menos a 21 personas en Uvalde, Texas. Según Cruz, “inevitablemente, cuando hay un asesinato de este tipo, ves a los políticos tratando de politizarlo. Ves demócratas y mucha gente en los medios cuya solución inmediata es tratar de restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley. Eso no funciona.”
La velocidad de esa reacción negativa brinda el ejemplo más reciente de cómo, en un tema tras otro, la brecha entre el Estados Unidos azul y el Estados Unidos rojo se ha ampliado tanto que incluso la idea de un acuerdo racional parece descabellada. Muchas figuras políticas ya no se molestan tan siquiera en pretender buscarlo.
Y, sin embargo, existe un consenso significativo que no se discute ni se toma en cuenta. Encuesta tras encuesta ha demostrado durante años que la gran mayoría del público está a favor en la implementación de ciertas regulaciones a la venta de armas de fuego. Una encuesta realizada el año pasado por el Pew Research Center, por ejemplo, mostró que un 87% de los estadounidenses apoyaban “evitar que las personas con enfermedades mentales compren armas”. Un 81% respaldaron “hacer que las ventas privadas de armas y las ventas en ferias de armas estén sujetas a verificaciones de antecedentes”. Y un 64% estaba a favor de “prohibir los cargadores de municiones de alta capacidad que contienen más de 10 balas”.
El pistolero en Uvalde parece haber llevado siete cargadores de 30 balas, según las autoridades de Texas.
Entonces, ¿por qué, ante un consenso de mayorías tan abrumadoras, el Congreso simple y sencillamente no hace nada?
Un factor de peso parece ser la creencia entre muchos estadounidenses de que nada de lo que hagan los legisladores solucionará el problema. Cuando se les preguntó en esa misma encuesta de Pew si los tiroteos masivos disminuirían si las armas fueran más difíciles de obtener, aproximadamente la mitad de los estadounidenses dijeron que disminuirían, pero el 42% dijo que no haría ninguna diferencia.
El argumento sobre la inutilidad es uno al que los opositores del cambio recurren rápidamente después de una catástrofe. Es una poderosa arma retórica contra la acción.
Nos queda claro que ninguna ley, sea federal o estatal, tiene la capacidad de detener todos los tiroteos. Las estrictas leyes de Puerto Rico no han detenido la cantidad de asesinatos a mano armada que ocurren en nuestra isla hace décadas. Igualmente, no hay duda de que ciudades como Chicago sufren una gran cantidad de homicidios relacionados con armas a pesar de las estrictas leyes de control de armas en el estado de Illinois. De hecho, un gran porcentaje de las armas utilizadas en esos delitos cruzan la frontera desde estados vecinos con leyes de armas flexibles y/o son obtenidas en el mercado negro, según ha quedado demostrado por las autoridades de ley y orden.
Sin embargo, el patrón general es claro y refuerza la lección de otros países, incluidos Canadá, Gran Bretaña y Australia, que han aprobado leyes estrictas sobre la venta de armas después de horribles tiroteos masivos: los estados con las tasas más bajas de muertes relacionadas con armas en Estados Unidos tienen leyes estrictas sobre la venta de armas. En los estados que permiten la fácil disponibilidad de armas, más personas mueren a causa de ellas.
El miedo a la inutilidad no es la única barrera para la aprobación de la legislación nacional sobre armas. Es un hecho que los opositores acérrimos de la regulación de armas se han atrincherado más en sus posiciones durante la última década. En su mayoría conservadores y republicanos, y especialmente aquellos que residen en las zonas rurales de los Estados Unidos, los opositores acérrimos de cualquier nueva legislación que restrinja las armas de fuego generalmente no ven la violencia armada como un problema importante, pero ven las armas como una parte importante de su identidad. En la encuesta de Pew del año pasado, solo el 18% de los republicanos calificaron la violencia armada como uno de los principales problemas que enfrenta el país, en comparación con el 73% de los demócratas.
La reciente serie de tiroteos devastadores ha renovado los pedidos de restricciones más estrictas en la venta de armas. Pero es casi seguro que lo que se produzca a corto plazo sea una flexibilización de las leyes sobre armas, en gran parte debido a una decisión pendiente a ser emitida por el Tribunal Supremo que probablemente derogue una amplia ley del estado de Nueva York que prohibe que las personas porten armas en público sin demostrar primero una “necesidad especial” de defensa propia. Queda por verse cuál será la movida a nivel congresional, especialmente en el Senado donde la mayoría Demócrata depende del voto de 100% de los Senadores de dicho partido. Ante ese panorama, son pocas las esperanzas de que las restricciones acaben plasmándose en un proyecto legislativo que se convierta en ley, siendo más probable que ocurra otra masacre a que el tema sea atiendo de manera responsable.
