Desde hace semanas viene retumbando en la opinión pública un tiroteo legal entre las dos figuras que han sido, como dúo, el “poster child” de la ley que ha convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal para inversionistas extranjeros, John Paulson y Fahad Ghaffar. Ayer, la guerra entre estos dos exsocios subió de nivel cuando una de las partes envió de manera anónima, a un grupo de periodistas -entre los que me incluyó-, cajas con documentos y algunos detalles cínicos como una botella de champagne. Estos se están tirando con to’ tras romper relaciones de negocios, acusándose mutuamente de pillería, deshonestidad y corrupción.
A simple vista parecería una pelea de negocios entre dos multimillonarios que han encontrado en nuestras islas el lugar para aumentar de manera rápida su caudal y que nada tiene que ver con terceros. Pero sí, creo que de esta demanda surgen muchas dudas y revive el cuestionamiento sobre la forma en la que algunos de estos individuos pudieran llegar a hacer negocios aquí a cuesta de su cacareada contribución al desarrollo económico.
Tan pronto se firmó la Ley 22 (ahora Ley 60) bajo la administración de Luis Fortuño y que han respaldado todas las administraciones subsiguientes (rojas y azules), John Paulson fue de los primeros rostros que se asomó por nuestras costas caribeñas. Recuerdo haber cubierto un foro para inversionistas que encabezaba el mismo Paulson en un hotel de Río Grande (que luego compró y donde construyó una de sus grandes residencias) y al acercarme para entrevistarlo, levantó la mano y se marchó como quien asumiera que su llegada a Puerto Rico beneficiándose de una nueva política pública le excluyera de dialogar con su nuevo país. Más tarde se hizo notable la presencia de Ghaffar en el equipo de Paulson pues comenzó a representarle en eventos públicos y poco a poco se convirtió en un socialite local.
Después de Paulson se presentaron en sociedad otros inversionistas que llegaban bajo el nuevo régimen contributivo como Nicholas Prouty, quien compró y revivió el complejo residencial Ciudadela en Santurce. Prouty se ha mantenido al margen de grandes controversias. Solo le salpicó el caso de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien obtuvo como soborno un apartamento allí a cambio de regalar un terreno que le pertenecía a su agencia para un parque pasivo de los edificios de apartamentos. Prouty no estuvo involucrado en el caso.
Otro asociado a la otrora Ley 22 fue aquel que le disparó a un perro en medio de un campo de golf. Ese fue acusado y convicto por ello.
En Puerto Rico, el Gobierno ha concedido miles de decretos contributivos a inversionistas para que vengan aquí, se establezcan y no tengan que rendir contribuciones en sus estados. ¿A cambio de qué? De muy pocas obligaciones ante Puerto Rico. Se le exige la creación de uno que otro empleo, que vivan parte del año aquí y un mínimo de inversión. Todo esto bajo un anonimato y secretividad escandalosa, pues la ley los protege en ese aspecto Mientras, ya ha surgido en distintos foros como en la demanda ante nosotros, que pudiéramos tener inescrupulosos dispuestos a hacer lo que sea por ganar más millones en nuestra bendita isla.
Creo que debemos aprovechar esta coyuntura para remirar esta ley, hacerla más beneficiosa al país y que exija comportamientos éticos de sus beneficiados. Hasta ahora los intentos por reabrir la ley han sido infructuosos a pesar de iniciativas de legisladores como Juan Zaragoza del PPD y Thomas Rivera Schatz del PNP.
Quizás para lo único que haya voluntad sea para establecer una oficina de mediación de conflicto en los tribunales como se hace con los pobres para que vayan a echar sus llora’os allí, porque como ya vemos en esta novela, al igual que en una serie dramática mexicana de finales de la década de los ‘70, los ricos también lloran.
