La pasada semana la isla tuvo una nueva activación de la Alerta Ashanti. Se trataba de la desaparición de un joven de 29 años de Bayamón que desapareció de su casa. Era paciente psiquiátrico. Y así como la alerta se activó, unas horas más tarde fue desactivada porque el hombre apareció en buen estado. Estoy seguro que para muchos se trató de un asunto poco trágico. Una situación de poca importancia en medio del mar de novedades que nos ocupan diariamente. Nada más lejos de la realidad.
Piénselo con entendimiento al ver los detalles de la historia de este joven. La tragedia del hombre y su familia son solo un síntoma de una de nuestras tragedias colectivas. Se trata de un paciente de salud mental que experimentaba una crisis. Hace más de un año, según relató su madre, el joven estudiante universitario intentaba que en APS (proveedor de servicios de salud mental que administra el servicio para pacientes del Gobierno) le dieran un tratamiento integral. Pero solo conseguía pastillas. Solicitaba conversar con un psicólogo, pero solo conseguía pastillas. Y si tocaba fondo, como ocurrió la pasada semana, entonces se le hospitalizaba. No quería eso para sí mismo.
Tras conocer la historia del joven, las anécdotas de familiares de pacientes de APS llovieron. Y los relatos eran similares. El “pastilleo” era la norma en estos centros en los que el tratamiento integral parece ser un lujo que toca a pocos. De hecho, no es la primera vez que la denuncia se hace pública. En esta ocasión, como consecuencia, la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, ASSMSCA, ha iniciado una investigación para conocer si APS cumplió con su responsabilidad de ofrecer un servicio adecuado. No solo en el caso del joven sino en otros tantos que no llegan a las primeras planas.
Según la Administradora de ASSMSCA, APS tiene la responsabilidad (en este y todos los casos) no solo de proveer tratamiento farmacológico adecuado, sino brindar un acercamiento multidisciplinario a cada paciente, con recursos tales como psicólogos, consejeros y trabajadores sociales. Si tomamos como cierta la denuncia de la madre del caso en cuestión, ninguno de esos ofrecimientos estuvo disponible.
Una de las preguntas en medio de esta situación es si el Estado es capaz de admitir que hay una crisis en el otorgamiento de estos servicios y, de paso, si está dispuesto a identificar los recursos para atender el problema.
Para que usted tenga una idea del problema de salud mental que enfrentamos, mire de cerca a la Línea PAS de ASSMSCA. Desde 2017, tras el paso de María, los casos de problemas de salud mental han ido en aumento. A María añada los terremotos del Sur y la pandemia del COVID 19 para una combinación letal. En 2022 la Línea PAS de esa agencia recibió 225,626 llamadas.
En 2023 el salto fue dramático. Unas 367,606 llamadas fueron reportadas, lo que plantea un aumento de 141,980 llamadas entre un año y otro. Si suma a eso que existe una escasez admitida de psiquiatras que puedan atender los casos, todos los elementos están colocados para causarnos graves problemas. Pero de eso nadie habla. Quizá cuando toquemos fondo. Ya va siendo que nuestra vocación es ignorar las señales y, en lugar de reaccionar a tiempo, esperamos a que se hunda el barco. La locura.
