Tenemos que seguir hablando de la Rama Judicial. Pero en particular de los jueces. Sí, porque sobre ellos hablamos con insistencia la semana después de que toda una familia en Yauco fuera asesinada, luego que una de las togadas no actuara conforme a la ley. Tras el asunto y la indignación que provocó, comenzó una discusión que trajo consigo múltiples ideas de proyectos legislativos y de sugerencias de los ciudadanos. Pero con el paso de los días -como suele suceder- la discusión de lo que ocurrió en aquel caso y las posibles soluciones han comenzado a perder gasolina. Ese perro ya nos ha mordido en el pasado.
En contraposición a nuestra tendencia de reaccionar a la crisis y luego olvidar lo discutido, quizá conviene aprovechar la coyuntura del año electoral para exigir cambios reales a aquellos que aseguran estar realmente preocupados por el tema del desempeño de algunos integrantes de la rama judicial. No hay mucho que estudiar sobre el tema. Así que es poco probable que me equivoque al establecer que sobre este asunto sobran los foros y las cumbres. La verdad es que el asunto ha sido investigado y estudiado desde la academia y grupos profesionales durante durante décadas, pero la soluciones propuestas han sido ignoradas por la clase política que controla la toma de decisiones. No es de sorprender que los partidos políticos se nieguen a renunciar al importante poder de selección de los integrantes de la judicatura. Sin embargo, si hacemos caso a grupos profesionales, la academia y la experiencia de otras jurisdicciones no podemos ignorar la discusión en torno a la posibilidad de realizar una enmienda constitucional para sacar de manos del gobernador, de turno, la selección de los jueces y las juezas. Seguro que hablar de enmiendas constitucionales es cuesta arriba. Pero lo es solo cuando existe falta de voluntad. Sobre todo cuando se trata de un asunto tan ampliamente discutido y extensamente recomendado porque saben sobre el tema.
En Puerto Rico, la selección de los jueces y jueces es estricta jurisdicción del poder ejecutivo, que luego de escoger envía los nombramientos al Senado para su confirmación. El problema es que aún cuando se supone que el criterio de mérito sea el que prime en estos casos, lo cierto es que el activismo y la afiliación parecen haber sido históricamente, los asuntos de mayor peso a la hora de escoger a quienes fueron parte de la judicatura. Por ello., si usted hace la asignación y busca el transfondo de muchos de los jueces y juezas de nuestro sistema, unngran número se inició en esas faenas con poca o ninguna experiencia litigando. En algunos casos ha bastado con ser activista del partido de turno y llevar bajo el brazo un título de abogado recién graduado para ganarse un puesto en la judicatura.
Usted y yo sabemos que un sistema en el que el activismo político y no el mérito sea el organismo rector está encaminado a producir problemas. ¿La solución? Muchos estudiosos del sistema judicial apuestan a que el cambio más dramático sería sacar los nombramientos de Fortaleza y sistituirlos por un programa de preparación y méritos. O lo que es lo mismo, mandar a los potenciales jueces a la escuelita para que aprendan de esa faena que no se enseña en las aulas donde se obtiene el título de derecho. Pero para enmendar la Constitución hacen falta votos y voluntad de quienes hasta ahora no han tenido voluntad. ¿Quiere apostar acerca de cuántos candidatos y de qué partidos harán esta propuesta de cara a las próximas elecciones?
Pero mandar a los jueces a la escuelita, puede hacerse de diversas formas. Una de ellas, enviar a los potenciales jueces a obtener formación judicial antes de su designación. La más sencilla, sin embargo, podría ser la alternativa de enviar a los jueces, ya designados a una academia de formación judicial compulsoria. La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, por ejemplo, ya cuenta con una maestría en derecho de la que participan jueces y juezas de todo Latinoamerica. En ella se imparten cursos de derecho en áreas como perspectiva de genero, raza, comunidades marginadas, ética judicial, entre otras disciplinas.
En Puerto Rico maestrías y cursos como estos son opcionales a diferencia de Latinoamérica Europa en donde existe la figura de las escuelas judiciales, a las que los interesados en desarrollar una carrera como juez o jueza, solicitan admisión y pasan a ina escuela judicial donde no solo toman los cursos sino que se les evalúa para conocer si dominan el material impartido y pasan por un proceso de oposición por mérito. Si no pasas no puedes see juez. Punto.
¿Imaginas un peoceso de selección anclado en el mérito, donde solo los mejores hombres y mujeres lograrían acceder a puestos en la rama judicial? ¿Quien puede oponerse a que la excelencia sea el mecanismo de selección para que deciden sobre las vidas de los ciudadanos en los procesos judiciales? Entonces, ¿quién lo propone? ¿Quién dice yo? O es que el tema y la preocupación sobre cómo se imparte la justicia dura solo lo que dura el titular de la semana?
¡Que vengan las propuestas!
