En su visita de la semana anterior, Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, anunció más de $1,000 millones en préstamos y fondos federales para impulsar la energía solar, arrojando rayos de esperanza sobre la prolongada crisis energética de Puerto Rico. Granholm advirtió que cambiar los incentivos para clientes de energía renovable puede poner en riesgo la viabilidad de estos nuevos proyectos. La dinámica territorial queda expuesta en todo su esplendor cuando el riesgo mayor a la viabilidad de estos proyectos no viene de parte del gobierno local, sino por otro ente, en este caso, la Junta de Supervisión Fiscal.
La Junta de Supervisión Fiscal amenazó con una demanda al gobierno de Puerto Rico por extender hasta el 2031 uno de los incentivos más importantes para promover la implementación de energía renovable: la Ley de Medición Neta. Esta Ley le permite a residentes con placas solares compensar sus costos de electricidad al generar su propia energía y vender el exceso a la red. Al promover la adopción de placas solares y baterías, la Ley reduce la dependencia de nuestra inestable red y empodera a los puertorriqueños. La Junta alega que extender este incentivo crítico no va a la par con el plan de ajuste de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Las expresiones de la secretaria Granholm se suman a ese coro que busca detener una acción de la Junta que impide el desarrollo y la resiliencia de Puerto Rico. El congresista Raúl Grijalva, el senador Bernie Sanders, la comisionada residente Jenniffer González, y dieciocho otros senadores y representantes demócratas y republicanos ya le han exhortado a la Junta que proteja la Ley de Medición Neta. Este enfrentamiento burocrático—la disonancia entre una integrante del gabinete presidencial y una Junta creada por el Congreso federal––resalta la absurdidad de nuestro estatus político: una isla que lucha por la sostenibilidad y resiliencia, posiblemente encadenada por la una supervisión no electa.
Nuestros esfuerzos para hacer la transición a la energía renovable y desarrollar resiliencia climática se pueden ver socavados por el limbo constitucional en el cual existimos dentro de los Estados Unidos. Esta realidad hace que el debate sobre la Ley de Medición Neta pase de ser solamente un problema energético; y se convierte en una cuestión de justicia y trato igual para Puerto Rico. La fragilidad de nuestra red, la excesiva dependencia en combustibles fósiles importados, y la amenaza perpetua de desastres naturales han hecho que la seguridad energética sea un desafío del cual no nos hemos podido escapar. La amenaza legal de la Junta de Supervisión Fiscal y nuestro estatus territorial forman parte de la sombra que opaca un futuro sostenible y resiliente para Puerto Rico.
