El sistema de educación pública en Puerto Rico está atravesando una crisis que afecta de manera profunda el futuro de nuestros jóvenes y, por ende, el desarrollo de nuestra sociedad.
Actualmente, el Departamento de Educación de Puerto Rico administra alrededor de 858 escuelas públicas, muchas de las cuales enfrentan serios problemas de infraestructura. Un informe de la Autoridad de Edificios Públicos y el Departamento de Educación, fechado en junio de 2021, revela que aproximadamente el 30% de las escuelas públicas están en condiciones críticas y requieren reparaciones urgentes, mientras que otro 40% necesita mantenimiento regular para garantizar un entorno adecuado. Entre 2017 y 2018, se cerraron aproximadamente 300 escuelas debido a la baja matrícula y las limitaciones presupuestarias, una medida que subraya la necesidad de una reestructuración integral.
A pesar de contar con un presupuesto de más de $5 mil millones, las escuelas en Puerto Rico sufren de falta de recursos. Con una burocracia administrativa central, que consume cerca de dos mil millones, y sufriendo una escasez de materiales educativos, equipos tecnológicos, y otros recursos esenciales. Así, los maestros, en muchos casos, se ven obligados a gastar de su propio bolsillo para suplir estas carencias. La corrupción, el nepotismo, la falta de coordinación y la burocracia han creado un ambiente donde la desigualdad educativa prevalece, con disparidades significativas en la calidad de la educación entre las zonas urbanas y rurales.
La deserción escolar es alarmante, calculándose aproximadamente en un 12%, lo que coloca a la isla en segundo lugar detrás de Nuevo México, y es el doble del promedio en Estados Unidos. Este fenómeno afecta principalmente a los estudiantes de secundaria, en especial varones, que abandonan la escuela antes de completar su educación debido a problemas económicos, falta de apoyo familiar, y la percepción de que la educación no ofrece beneficios tangibles. Además, se estima que 19,459 adolescentes no están matriculados en la escuela ni trabajan formalmente, lo que agrava la situación. A esto se suma que entre 2017 y 2020, más de 14,500 maestros abandonaron la isla en busca de mejores oportunidades laborales en Estados Unidos, una cifra que refleja la crisis económica y las condiciones laborales adversas que enfrentan los educadores en Puerto Rico.
El currículo educativo en Puerto Rico está desfasado y no se alinea con las necesidades del mercado laboral moderno ni con las habilidades del siglo XXI. Esto deja a los estudiantes mal preparados para los desafíos del mundo laboral y académico tras su graduación. Además, muchos estudiantes enfrentan desafíos psicosociales significativos, como la pobreza, la violencia doméstica y problemas de salud mental, que interfieren con su capacidad para aprender y desarrollarse adecuadamente en el entorno escolar.
La situación actual exige una reforma educativa integral. Proyecto Dignidad viene planteando públicamente algunas propuestas que son claves para lograr esta transformación:
- Erradicación de la mediocridad, corrupción y clientelismo político: Es fundamental eliminar la corrupción y el clientelismo que afectan negativamente al sistema educativo. Esto implica una gestión transparente y eficiente de los recursos, así como la implementación de políticas educativas que respondan a las necesidades reales de estudiantes y maestros. Hay que terminar con el control partidista del sistema educativo de Puerto Rico, separando el proceso de desarrollo curricular del andamiaje administrativo.
- Reestructuración curricular: El currículo debe ser actualizado para preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo laboral moderno y las exigencias del siglo XXI. Esto incluye la integración de habilidades tecnológicas, pensamiento crítico, y destrezas para la convivencia social y valores, respetando el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y valores, primordialmente en asuntos de identidad, creencias religiosas y sexualidad. Rechazando caer en políticas identitarias con enfoques o modelos ideológicos, entre ellos los basados o enraizados en conceptos subjetivos tales como: el “género” u otras hipótesis o “teorías críticas” con animosidad política de corte antagonista o radical. Máxime, cuando se ha hecho evidente el fracaso de dichos conceptos, enfoques o modelos en otras jurisdicciones a nivel mundial.
- Capacitación laboral: Es necesario establecer programas en colaboración con el sector privado que ofrezcan adiestramiento técnico, consejería, y oportunidades de trabajo a tiempo parcial para los jóvenes en los grados 9-12.
- Participación comunitaria y familiar: El gobierno debe devolver la autoridad a las familias y comunidades en lo que respecta a la educación, incluyendo el poder del presupuesto escolar. Empoderar a las familias en el proceso educativo permitirá una mayor participación y garantizará que se respeten sus valores. Promoveremos un sistema educativo descentralizado, gobernado por juntas locales compuestas por maestros, padres, estudiantes, lideres comunitarios y gobierno municipal, completamente libre de ideología de género.
- Colaboración intersectorial: La resolución de los problemas educativos debe involucrar a todas las partes interesadas, incluyendo padres, educadores, estudiantes, el gobierno, organizaciones del tercer sector, investigadores, y patronos. Solo a través de una colaboración coordinada se podrán desarrollar soluciones equitativas y efectivas que garanticen una educación de calidad para todos.
- Potenciar la educación alternativa: La familia y la comunidad debe tener una amplia libertad de poder escoger la forma y manera en que deciden educar a sus hijos. Por eso, defenderemos y buscaremos ampliar las oportunidades para el desarrollo de la educación alternativa en Puerto Rico, así como del homeschooling, Iglesias-Escuelas, microescuelas y otros conceptos que han probado ser efectivos y dinámicos en la educación de las nuevas generaciones.
El sistema de educación pública en Puerto Rico enfrenta desafíos significativos que requieren una acción decidida y coordinada. La educación es la clave para reconstruir nuestras comunidades y asegurar un futuro próspero para Puerto Rico. Podemos lograrlo. ¡Adelante, con fe!
