El nuevo gobierno es cosa inminente. Pasadas las tensiones de la elección general –aunque aún con la resaca de la experiencia y sus lecciones (la transformación del universo electoral, la alianza, el regreso a la absoluta mayoría legislativa y la reafirmación de que la oposición es una enorme mayoría fragmentada- la gobernadora electa Jenniffer González se apresta a juramentar al cargo este próximo 2 de enero.
Lo hace con el enorme peso de la expectativa. Un peso al que ha abonado ella misma desde la campaña primarista y, en voz de su comité de transición, en medio de las vistas que sentaron las bases del gobierno. González prometió soluciones a los problemas que todos han señalado durante años. Muchos de ellos, problemas estructurales o de índole contractual que probablemente requerirán no solo agilidad de la nueva administración sino paciencia de los ciudadanos. Uno de esos problemas es la estabilidad del sistema energético. Sobre esto, el mantra del grueso de los candidatos fue la disolución del contrato. La nueva gobernadora se paseó con agilidad con distintas propuestas para atender el asunto, pero todas se anclaban en la prisa; la necesidad de actuar de inmediato. El hastío. Se propuso un zar para fiscalizar a LUMA Energy partiendo de la premisa de que la fiscalización de la que tanto se jactó el gobierno saliente nunca se produjo. Por lo mismo es posible anticipar que de la misma forma que el tema energético fue el Talón de Aquiles del gobierno de Pedro Pielruisi, si no se actuó con cuidado a la hora de validar la palabra empeñada, el mismo asunto podría dar dos veces en la misma piedra.
González anticipó la cancelación del contrato. También prometió la creación de un “Zar” para fiscalizar la empresa. Pero la disolución del contrato, en cualquiera de sus opciones, costará dinero. La pregunta es: ¿cuál es el costo que el país está dispuesto a pagar? Y es que, según el contrato, si el acuerdo se cancela sin probar incumplimiento, deben pagarse cientos de millones de dólares. Para cancelarlo de la “manera correcta” el actual gobierno habría tenido que documentar incumplimientos en áreas específicas durante tres años, haber notificado sobre esos incumplimientos a LUMA y haberle dado tiempo para corregir sus faltas. Si eso ocurrió, está por verse. De igual manera, el contrato de Alianza Público Privada establece que el ente fiscalizador del contrato es la Oficina de Alianzas Público Privadas. Cualquier cambio en el ente fiscalizador también traería como consecuencia un cargo millonario a pagar. Es posible entonces que la alternativa sea nombrar al “zar” a dirigir la oficina de las Alianzas Público Privadas para que no se plantee un cambio a las letras del acuerdo. Pero, en ese caso, Luma tendría que incumplir su contrato por los próximos tres años, lo que colocaría al nuevo gobierno en posición de comenzar a sacar a LUMA a finales del 2029. Es importante destacar que el acuerdo con LUMA afirma que incluso si se lograra la disolución del contrato, Puerto Rico debe permitir que LUMA forme parte del proceso de búsqueda de “nuevo operador”, lo que le colocaría en posición de aspirar a quedarse con un nuevo contrato. Y todo lo anterior representará indudablemente un enorme dolor de cabeza para la nueva administración a la hora de cumplir su palabra empeñada.
A la situación energética, súmense asuntos como el reto para gastar el dinero federal tras la recuperación posterior al huracán María. Si bien González señaló al gobierno saliente de lentitud, además del elemento burocrático con el desembolso, aún está por verse cómo se salvará la situación con el enorme problema de la falta de personal diestro para la construcción, un asunto que ha hecho que incluso teniendo el dinero, múltiples proyectos no hayan podido encaminarse ante la dificultad de los contratistas a la hora de conseguir obreros. Sobre este tema ya Washington denegó la solicitud del gobierno de Pielruisi para obtener visas que permitan importar obreros. Así que la solución a este tema crucial sigue siendo un misterio y la palabra de González junto a su crítica por la no utilización del dinero “que ella consiguió” le perseguirá durante estos cuatro años.
Otros asuntos como el enorme reto poblacional, las presiones de la Junta de Control Fiscal, la falta de la menos $90 millones adicionales en el Departamento de la Familia solo para trabajar con el problema de nuestros viejos desatendidos y otros tantos quedan sobre la mesa en una agenda que promete llevar al límite aquello de que no es lo mismo con violín que con guitarra. Ya pronto comienzan los primeros acordes y no resta sino desearle éxito a la Gobernadora Electa. El suyo indudablemente será el del país que aspira dirigir.
