Desde finales del año pasado, el país ha sufrido tres apagones significativos. El primero, cerrando el 2024, un apagón general que dejó nuestro archipiélago a oscuras en un momento de celebración; el día de San Valentín de este año, que afectó a más de 100,000 clientes; y el más reciente, el apagón general de Miércoles Santo. La ineptitud y negligencia de LUMA en el manejo de la transmisión energética ha creado una precariedad en la isla que afecta sectores claves como la salud, economía, educación y el bienestar general y ha generado una gran frustración de la población que ve un aumento en la factura a pesar de un sistema empeorado.
Desde que el gobierno contrató a LUMA bajo la falsa promesa de salvar nuestro sistema energético, hemos experimentado un aumento de apagones, fallas en las subestaciones, mientras aumenta la factura. Este fracaso no ha sido uno solamente técnico, ha sido uno de administración y político. Desde antes de que se formalizara el contrato de LUMA, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ya había expresado su rechazo total. Esta postura responde a nuestra filosofía histórica de que el gobierno tiene como obligación preservar, robustecer, proteger y garantizar todos los servicios esenciales y, en este caso, la producción y distribución energética del país. Incluso, advertimos que no existían garantías concretas de que la tarifa eléctrica no aumentara.
Recordemos que el proceso de selección de la compañía privatizadora se dio a escondidas del país, y que la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobó este contrato en tan solo 43 minutos, sin discusión ni análisis. Como si fuera poco, LUMA tiene el poder de rescindir este contrato a su beneficio en temporada de huracanes.
El gobierno del Partido Nuevo Progresista tuvo 100 días, y seguimos contando, para cumplir con una de sus principales promesas de campaña: cancelar el contrato con LUMA. No hubo legislación ni voluntad para ello. Al contrario, su primera ley responde a extender la vida de la planta de carbón de AES en Guayama para seguir generando energía sucia hasta 2032. Desde el PIP, reiteramos nuestro compromiso con un modelo energético que responda a las necesidades del país y no a los intereses de compañías privadas.
