Hace dos semanas, en este espacio advertía sobre una “guerra temprana” que se avecinaba entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal de cara a la aprobación de un plan que saque del atolladero a nuestro país. Hoy estamos ante un tiroteo abierto, sea teatro o no, entre funcionarios puertorriqueños y el ente federal.
Advertía, además, que me resultaba inquietante conocer los remedios que activaría la Junta en caso de que el Gobierno de Puerto Rico no haga lo que ellos dicten, considerando que la Ley PROMESA les otorga absoluta jurisdicción en el manejo de nuestros asuntos, poniendo en suspenso, de facto, todo nuestro ordenamiento constitucional. Ayer la Junta levantó la primera bandera en esa dirección ante lo que entienden constituye una violación del Gobierno isleño a PROMESA, ya que no se ha discutido con ellos el impacto fiscal de las leyes aprobadas.
En este contexto, la comisionada residente, Jenniffer González (republicana), tronó ayer contra la Junta. Dijo que estaban pendientes de “chavería” y señaló que molestan. Los invitó también a participar en los esfuerzos por estimular el desarrollo económico ante el Congreso, a donde “no han enviado ni un fax”, dijo. Aunque la comisionada sabe que la Junta no tiene el mandato legal para ello y que eso fue conferido a un task force congresional que expiró el 31 de diciembre, el señalamiento público constituye un ataque frontal. Eso fue acompañado con un aviso de que el Congreso, a través del comité al que pertenece y con jurisdicción sobre Puerto Rico, fiscalizará la Junta citándola a vistas públicas que se celebrarán próximamente.
Elías Sánchez, representante del gobernador Rosselló en la Junta, respaldó las expresiones de González y fue más allá al decir que están “desenfocados” y “jugando a la política”.
Si esto es un show, lo sabremos pronto. Pero creo que, aun siendo parte de una estrategia política necesaria para que el gobernador Rosselló no pierda legitimidad tan temprano en el cuatrienio, este intercambio público parece ser un lento despertar sobre la realidad a la que nos enfrentamos.
Teóricamente, la Junta tiene amplias facultades para intervenir con el Gobierno puertorriqueño. La experiencia, aunque no hay paralelos históricos recientes, nos dice que todo acabará en armonía, ya que las leyes que se han aprobado están en sintonía con la receta de la Junta.
Ahora bien, este forcejeo de testosterona política podría tener varios desenlaces fatales, siendo el principal un evento que dramatice más aún la condición colonial de la isla. En términos políticos locales, podría terminar todo en un golpe inesperado para La Fortaleza. Pero la Junta, por más omnipotente que parezca, también tiene que tener un juego de pies delicado, ya que el organismo opera al amparo de una ley federal que puede ser enmendada o derogada en cualquier momento si se observara en Washington una escalada negativa mayor. Las declaraciones de Jenniffer González de ayer parecen ir por esa línea.
Sin embargo, la sospecha de que se trata todo de un fronte para que el gobernador y el sistema político puertorriqueño no pierdan vigencia ante “el pueblo que les eligió” tiene espacio en todo este análisis. Las declaraciones de Rosselló ayer a nuestras preguntas sobre este tema abonan a ello. Dijo el mandatario sobre las facultades de la Junta que “estamos claros de los alcances” que tienen.
¿Está todo el mundo jugando las dos canchas? Ya sabremos en los próximos 24 días cuando debe quedar consignado el documento que determinará la política fiscal de Puerto Rico a corto y largo plazo.
