La semana pasada decía yo en este espacio que estábamos “esperando por Sessions”, refiriéndome a la expresión del secretario de Justicia de Estados Unidos que aguardábamos entonces sobre el plebiscito —aún criollo— que ha pautado el Gobierno de Puerto Rico para el 11 de junio.
Esa misma tarde del Jueves Santo, la expresión oficial se produjo, pero en voz del subsecretario de la agencia, Dana Boente. Ya todos sabemos lo que dijo y lo que ha pasado de allá para acá. Una semana después y a siete semanas de la votación, la reglas de la consulta han cambiado. Hay muchas preguntas, algunos cabos que atar, episodios que no han quedado claros, y el camino futuro sigue siendo incierto.
La pregunta es, ante toda la discusión presente y al finalizar el proceso, si el plebiscito tendrá legitimidad ante el ente o los funcionarios a los que se pretende enviar el mensaje, es decir, Washington.
La legitimidad es un factor crucial para que la gestión pública o un evento gubernamental sea valorizado y tenga consecuencias. Los gobiernos tienen el poder de realizar cambios, tomar decisiones y dictar políticas públicas, pero, si estas no gozan de legitimidad (y ello no lo concede exclusivamente el mandato electoral de cada cuatro años), estas se hacen difíciles de ejecutar y, por consiguiente, no se obtienen los resultados esperados.
El plebiscito del 11 de junio carecerá de legitimidad ante Estados Unidos si se convierte en un ejercicio de votación al que acudan exclusivamente los estadoistas. Ya el PIP ha dicho que lo boicoteará, el Junte Soberanista se desmoronó y el PPD parece encaminarse a imitar a los pipiolos este domingo en su asamblea general.
Creo que el PNP perdió una buena oportunidad de poner (de manera real) contra la pared al PPD cuando decidió no titular la columna del statu quo con el nombre constitucional (reconocido aquí y allá) de nuestro sistema de gobierno: ELA. Con esa acción surgida de la carta de Boente, el PNP le concedió al liderato estadolibrista la última excusa posible para boicotearla. Y es que el PPD, si estuviera el nombre formal del statu quo en la papeleta del 11 de junio, no tendría otra justificación coherente para evadir la votación, pues el Departamento de Justicia federal ya les concedió su queja sobre la exclusión.
Creo también que el gobernador Ricardo Rosselló se jugó una peligrosa movida al cambiar la posición institucional del PNP, incluyendo la colonia en la papeleta, sin consultar los organismos rectores de su partido. Si el resultado de la votación fuera adverso a la estadidad (difícil que pase) o la consulta no sea reconocida por la metrópoli por el nivel de abstención que se registre, esa decisión tomada el Jueves Santo en la noche con los presidentes legislativos, le pudiera costar más tarde ante el hard core de su colectividad, que ha visto en este ejercicio el último paso antes de lograr la anhelada anexión con el norte.
Aprobadas ya las enmiendas a la ley del plebiscito, a tono con lo requerido por Justicia federal, se ha reactivado el operativo electoral local. La ley enmendada ahora regresa al escritorio de Sessions para su revisión. Aunque un portavoz del secretario dijo que requerirán de algún tiempo para tal revisión, el Gobierno puertorriqueño ha decidido mantener la fecha pautada previamente. ¿Qué pasa si Justicia federal pide más enmiendas? ¿Estará dispuesto Rosselló a enmendarlo nuevamente teniendo eso como consecuencia una inevitable posposición del evento electoral?
No perdamos de perspectiva que hay un asunto de timing presente. Al gobierno no le conviene seguir posponiendo una consulta de esta naturaleza, pues debe aprovechar la solidez del bloque electoral anexionista que está presente, aun luego del triunfo electoral de noviembre. Esa luna de miel, con ese y otros sectores, pudiera acabar pronto ante la puesta en vigor de la parte más dura del plan fiscal y las medidas que pueda imponer la Junta federal.
El gobernador dijo ayer que confía en que, una vez se produzca un aval congresional a la consulta, será difícil que se materialice el advertido boicot.
Está en veremos si antes del 11 de junio se completará el proceso que haga de esta consulta una avalada por Washington y que sea vinculante. Hasta ahora hay dudas sobre si la ley federal diseñada por Obama y bajo la cual actúa Sessions, estrictamente para asignar unos fondos, hace del proceso uno que comprometa al colonizador con la expresión que surja.
Así que estamos de nuevo esperando por otra señal de humo, ahora la del Sr. Dana Boente.
