Por: Denis Márquez
Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo sobre la Junta de Control Fiscal, en el día de ayer surgió un nuevo capítulo de su agenda perversa y malévola. Ahora se presentan como los nuevos escuderos, defensores de las empresas de seguros médicos en Puerto Rico. La Junta imperial expresa mediante carta sus objeciones a la nueva Ley 47, aprobada por unanimidad en ambos cuerpos legislativos, con el propósito de establecer mecanismos para intentar proteger a los pacientes y asegurados de planes médicos de la espeluznante práctica de las aseguradoras de rechazar las autorizaciones a tratamientos médicos u hospitalarios prescritos por los médicos.
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En Puerto Rico, es altamente probable que uno tenga un familiar o un amigo con enfermedades como diabetes, cardiacas o cáncer y, de igual forma, uno ha conversado o escuchado de un médico o un paciente los constantes rechazos por parte del plan médico a tratamientos necesarios que, incluso, son necesarios para salvarle la vida a una persona. Recientemente conversaba con un médico sobre su indignación sobre cómo su criterio profesional era cuestionado y objetado por empleados de planes médicos, más aún cuando el tratamiento y los medicamentos recetados eran cruciales para la vida de su paciente.
La recién aprobada Ley 47 establece nuevos procedimientos, otorga poderes al Procurador del Paciente para cuestionar y detener la práctica de negar autorizaciones médicas y establece procedimientos sumarios. Ahora la Junta dictatorial, producto del régimen colonial, cuestiona la ley, argumentando un alegado impacto fiscal. Los puertorriqueños no somos ingenuos. Lo que está detrás de todo esto es la complicidad de los ocho lacayos de Washington DC para proteger el lucro del mercado de la salud. Los señalamientos de la Junta esbozados en su carta resultan patéticos. Primero, cualquier impacto fiscal de la Ley 47 tendrá que determinarse en gran medida por el efecto de los poderes ampliados del Procurador del Paciente para comenzar procedimientos sumarios, a favor de ciudadanos privados, de paralizar una determinación de cobertura de una aseguradora de salud.
Aunque la referida ley no elimina el modelo del empresarismo y lucro del derecho humano a la salud, da unos mecanismos para combatir el salvaje mercado y la práctica comercial y el costo/beneficio del plan médico a la hora de autorizar un tratamiento. Lo he expresado en múltiples ocasiones, y repito: el derecho humano a la salud, a la vida, no puede ser objeto del mercado; es deber del Estado garantizarlo.
La Junta del ELA colonial ha establecido claramente sus objetivos: vapulear los salarios y beneficios de los trabajadores, empobrecer la población, golpear a los pensionados, todo en claro menosprecio a los derechos civiles y humanos, estableciendo la ruta del pago de la deuda a los grandes acreedores. Ahora amplían su agenda para defender el lucro de la salud, incluso protegerse a ellos mismos, utilizando como su instrumento al Gobierno de Puerto Rico. Veremos pronto si la actual administración es capaz de defender sus propios proyectos, sus propias leyes, o si sucumbirán una vez más al yugo imperial.
Mientras tanto, desde el Partido Independentista Puertorriqueño, al igual que hace cuatro décadas, quienes creemos en la justicia social seguiremos e insistiremos en el establecimiento de un plan universal de salud. Un sistema en el que el paciente, las comunidades, la prevención y la promoción de la salud sean el norte en respeto a integridad humana y al derecho fundamental a la vida.
