El gobernador Ricardo Rosselló, en entrevista con Anderson Cooper en CNN, prometió que los funcionarios de su gobierno que se negaran a entregar información a los medios de comunicación relacionada con las muertes pos-María tendrían que responderle al diablo, o sea, “hell to pay”. Irónicamente, no fue hasta que un juez ordenó la entrega de las actas de defunción que su administración accedió a hacérselas disponibles a varios periodistas locales e internacionales. Ningún funcionario ha sido despedido; ni siquiera aparenta haber habido una reprimenda a los principales responsables de tan vil acto de encubrimiento: el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y el secretario de salud, Rafael Rodríguez Mercado. Somos nosotros, el pueblo, quienes hemos tenido que soportar el infernal calor de las calderas de corrupción y arrogancia que mueven la maquinaria de este Gobierno.
No podemos más que concluir que lo hace con intención y propósito. El libreto es siempre el mismo. A los medios americanos les bastó con ver solo un ejemplo para darse cuenta del espécimen con el que lidiaban. Acá en la isla hemos sido más condescendientes. Le hemos reído las gracias. Seguimos pensando que es un buen muchacho rodeado de asesores que lo llevan por mal camino. Aunque comienza a cambiar esa percepción, su aparato de propaganda, asistido por muchos que, por incautos o por colaboracionistas, le aplauden cada foto, insiste en vendernos una imagen del hombre humilde y bonachón.
Las instancias son muchas y variadas. En cada ocasión, el gobernador intenta escabullirse de su responsabilidad, a menudo mintiendo abiertamente para proteger a sus asesores y achichincles. Una cosa es constante, un evidente patrón: nunca asume su cuota de culpabilidad, adjudicándosela en cambio a terceros. Veamos.
Whitefish – El caso de malgasto público por excelencia de este Gobierno. Whitefish destapó la forma en que se adjudicaban contratos en medio de la crisis existencial más cruenta que enfrentaba el pueblo en varias décadas. La respuesta del gobernador fue solicitar la cancelación del contrato únicamente luego de darle la oportunidad a la empresa de facturar cerca de $150 millones, casi la mitad del acuerdo original, por un trabajo que es, a todas luces, deficiente. Ricardo Ramos renunció, para no ser una distracción. No se le solicitó la renuncia a él ni a ningún otro funcionario implicado.
WhatsApp – El caso de corrupción electoral por excelencia de este Gobierno. Rosselló defendió a los funcionarios implicados hasta que no tuvo más remedio; literalmente, hasta que su propia secretaria de justicia, Wanda Vázquez, lo obligó, por sus contundentes declaraciones cuando anunció la conclusión de la investigación, a aceptarles —no a solicitarles — las renuncias a su secretario de la Gobernación y varios otros funcionarios de alto nivel.
Hostigamiento en Turismo – El caso de acoso sexual por excelencia de este Gobierno, hasta ahora. Aunque el director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo, sí se vio obligado a renunciar, varias otras personas implicadas, entre ellas el desaparecido, Alfonso Orona, y el jovial hijo adoptivo de Georgie Navarro, Christian Sobrino, quienes alegadamente pudieron haber colaborado para silenciar a las víctimas y trasladarlas a Fortaleza, siguen en sus puestos.
Mr. Higgins – El puestazo por excelencia de este Gobierno. Al señor Higgins se le dio un contrato para dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica por $450,000, con un bono adicional de $450,000 y $100,000 para mudarlo a San Juan: un millón en total. Todo eso para traer a Puerto Rico una reliquia que cree que quemar carbón es parte del futuro energético del país. Con él vino un asesor que se gana casi lo mismo que la secretaria de Educación, que es mucho decir ya que Keleher se gana $300,000 al año. ¿La respuesta del gobernador? Primero, trató de convencernos de que con él no era la cosa, que si la junta de la Autoridad es independiente y todo eso. Luego nos enteramos de que el presidente de dicha junta fue, nada más y nada menos, su tesorero de campaña. Segundo, mandó a revisar el contrato del asesor, pero resulta que ese contrato ya lo había revisado su secretario interino de la Gobernación, Luis Rivera Marín, porque con su firma lo había autorizado. Tercero, su secretaria de justicia le dijo que el bono de Higgins era ilegal. ¿Y el gobernador? Todavía no ha intervenido.
Hell to pay? Que venga Dios y lo vea.
