Recientemente se cumplieron los primeros tres meses del actual Gobierno de Pedro Pierluisi y de la actual Asamblea Legislativa. Desafortunadamente, la realidad política no ha cambiado realmente, el país sigue en quiebra, los servicios públicos siguen en precario, la desigualdad social y la pobreza arropa el país, todo esto acrecentado con todos los eventos naturales acontecidos en años recientes.
Al comienzo de cada cuatrienio, es usual que el Gobernador envíe un gran número de proyectos de ley a la Legislatura. La nueva realidad legislativa, más diversa tras los resultados electorales, le ha impedido al Partido Nuevo Progresista (PNP) controlar a la Legislatura, por lo que a diferencia del cuatrienio pasado, no se han aprobado terribles leyes para el país como fueron la Reforma Laboral y las leyes que congelaron los derechos de los empleados públicos.
De igual forma, este nuevo cuatrienio continúa con la imposición de la Junta de Control Fiscal, imponiendo sus políticas draconianas y antidemocráticas. El Gobierno ha asumido –al igual que en el pasado- una dócil posición ante la Junta de Control Fiscal, que ahora, incluso, ha extendido sus tentáculos hasta en asuntos de procedimientos internos del Gobierno. Además, el Gobierno se ha posicionado al lado de la Junta y de espalda al pueblo en el tema del presupuesto del país y el importante proyecto de Retiro Digno.
Como si lo anterior fuera poco, ha sido nefasta para el país la defensa del Gobernador, y sus funcionarios, del leonino e ilegal contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como la privatización de los servicios de transportación a Vieques y Culebra, ignorando los reclamos de los residentes de ambas islas municipio.
Por otro lado, el Gobernador tampoco ha comprendido que, en el tema fundamental del estatus, las iniciativas unilaterales, como su apuesta a una consulta estadidad sí o no, están condenadas al fracaso y que conviene más al afán descolonizador dar paso a iniciativas conjuntas.
Finalmente, la Legislatura tiene el reto de legislar y fiscalizar constantemente al ejecutivo, pero también de asumir posiciones firmes hacia un verdadero proceso de descolonización entre alternativas no coloniales y no territoriales.
