El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá acusó hoy que hay una estrategia detrás de lo que aparenta ser un choque entre la junta federal de control fiscal y el gobernador Ricardo Rosselló.
Acevedo Vilá hizo la denuncia en su primer programa de radio, “Sobre la mesa”, que comenzó hoy en Radio Isla (1320 AM) y que irá al aire todos los días en el horario de 8:00 a 9:00 de la mañana.
“Todo el mundo sabe que, desde el inicio, esa junta es controlada por el PNP, los republicanos y Luis Fortuño. Y también sabemos que el entonces candidato, Ricardo Rosselló, afirmaba durante la campaña que él era el que podía trabajar en armonía con la Junta y desde que fue electo, el gobernador ha expresado en múltiples ocasiones su conformidad con los planes de la junta, indicando incluso que éstos se parecen a su plan de gobierno”, recordó Acevedo Vilá.
Afirmó que “es con estos antecedentes que tenemos que ver la supuesta confrontación de la semana pasada entre Rosselló y la junta”.
Según el exmandatario, “la verdad es que lo que está detrás es que Rosselló está tomando medidas que agravan la crisis fiscal y la junta no va a hacer nada para detenerlo”.
Acevedo Vilá llamó la atención a que la conformidad de Rosselló llegó al punto de que dijo estar de acuerdo con el plan requerido por la junta para hacer “recortes draconianos al presupuesto” y aumentar los recaudos en 7,600 millones en un plazo de dos años, aunque según el político trató de suavizarlo alegando que con lo que no estaba de acuerdo, “necesariamente”, era con la forma de hacer los ajustes.
“Varias medidas que ya se han aprobado por el gobernador y su legislatura, o que están a punto de aprobarse, van a descuadrar más aún el presupuesto y las están legislando a la ligera y antes de someter el plan fiscal, para no tener que sometérselas a la junta para aprobación, que al final del día es como funciona nuestro gobierno ahora, aunque haya quienes se rehúsan a aceptarlo”, sostuvo.
El exgobernador indicó que la propia ley del plebiscito es una de esas medidas.
“Esa ley dispone que, en este año fiscal, que termina el 30 de junio, y que tiene un descuadre billonario, el secretario de Hacienda y el director ejecutivo de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, tendrán la obligación de identificar el origen de fondos estatales que podrán sumar entre 2.5 y 5 millones”, declaró.
Expuso que “esa referencia a identificar el origen de fondos estatales es lo que se pone en una ley cuando no hay dinero y no se sabe de dónde va a salir”.
Acevedo Vilá sostuvo que Rosselló y la junta tienen que decirle al país a quién le van a quitar los dineros para pagar por ese plebiscito.
“¿A la universidad? ¿Al Departamento de Educación, a los albergues para mujeres maltratadas, a la procuradoría de las personas de edad avanzada? Eso es lo que no quieren decirnos”, dijo.
Explicó que otra ley que descuadra más el presupuesto y tampoco resuelve ninguno de los problemas apremiantes, es la que va a dar una tasa contributiva de 4% a los médicos.
La medida, indicó, el propio Departamento de Hacienda ha dicho que va a costar 158 millones al año.
“Y nuevamente pregunto, ¿a quién le van a recortar esos fondos? El caso de esta legislación es más grave, porque los que conocen la crisis de la clase médica en Puerto Rico saben que su problema y la razón por la que se van NO es porque sus contribuciones son muy altas. Se van porque la compensación que reciben no es adecuada, porque las aseguradoras no le pagan lo que les corresponde; mientras las aseguradoras alegan que lo que pasa es que el gobierno no les paga lo suficiente ni a tiempo”, detalló.
Preguntó “¿cómo quitarle 158 millones al gobierno en recaudos va a resolver el problema de éxodo de médicos? Todo lo contrario. Si se le quitan 158 millones al gobierno, el gobierno tendrá menos dinero para pagarle a las aseguradoras y estas tendrán más excusas para no pagarle a los médicos, a los hospitales, a las farmacias y a los laboratorios. Eso es lo que Rosselló y la junta tienen que explicar”.
Acevedo Vilá sostuvo que “lo más alarmante que está detrás de todo esto es que mientras el gobernador firma órdenes ejecutivas para, alegadamente, controlar el gasto público, el artículo 210 de su ley de moratoria (Ley 5) permite que el gobernador , el Departamento de Hacienda, el Banco de Fomento, AFI y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, puedan nombrar y darle contratos a quien quieran sin cumplir con las leyes de personal, de ética, y otras leyes creadas para evitar conflictos de intereses y despilfarro de fondos públicos”.
Aclaró que, “en otras palabras, mientras, públicamente, dice que está congelando plazas y controlando el gasto, la ley de moratoria le da al gobernador Rosselló y a sus funcionarios más allegados, mano libre para nombrar y contratar a quien quieran sin ningún control”.
Así, aseguró que “toda esta controversia con la junta es, simplemente, una pantomima para distraer la atención pública y ocultar lo que verdaderamente está detrás”.
