El representante Antonio “Tony” Soto aseguró que el alcalde de Guaynabo Hector O’Neill aún debe esperar por que se complete el debido proceso antes de renunciar a su puesto.
“Quiero establecer categóricamente que yo no apoyo ni valido ni propicio y que estoy totalmente en contra de cualquier tipo de atropello, maltrato, sea hostigamiento sexual o laboral contra cualquier se humano”, expresó Soto.
“Mi posición firme y categórica es en ese tipo de acciones. Y entiendo que no se debepermitir en ningún ambiente de trabajo y en ningún lugar. Y que evidentemente si una persona incurre en ese tipo de acciones debe ser investigado y debe llegar hasta las últimas consecuencias”, agregó.
Soto mencionó que al alcalde de Guaynabo le asiste un proceso de ley y que el gobernador Ricardo Rosselló le ha dado ya instrucciones específicas a distintas agencias de Gobierno para que “investiguen hasta la saciedad” y lleguen a las “conclusiones pertinentes”.
Dijo que la conclusión que se llegue por parte de las agencias de Gobierno será final. “Yo entiendo que es prematuro entrar en esa consideración y se debe llevar la investigación”, dijo a preguntas de la prensa sobre si debe renunciar.
“Por otro lado entiendo que el alcalde, debido a la situación que está teniendo debe tener la prudencia y evaluar su posición para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y de la gente de Guaynabo”, agregó.
Cuenta con su respaldo
El legislador aseguró que el alcalde O’Neill cuenta con su respaldo a nivel personal, así como la policía que realizó la denuncia.
De igual forma, sostuvo que el liderato de Ricardo Rosselló no está en problemas con la negación del alcalde a renunciar. “El gobernador ha sido categórico y ha actuado de acuerdo a las facultades que tiene y/o como presidente del Partido Nuevo Progresista”, opinó.
Las expresiones de Soto se dieron al finalizar la vista pública del Proyecto de la Cámara 774, que propone añadir un artículo 7A a la Ley Número 103-2006, conocida como “Ley para Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”, para que se pida una certificación por parte del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto previo a la otorgación de gastos públicos.
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