Con un voto de paro a efectuarse cuando el Comité Ejecutivo de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) lo disponga, culminó la Asamblea de la organización magisterial efectuada ayer.
El paro pudiera coordinarse con otros sindicatos y sectores para garantizar que sea un esfuerzo multisectorial.
La resolución aprobada establece que “la FMPR va a hacer un llamado al movimiento obrero y a toda la sociedad civil a detener los trabajos y reivindicar el derecho constitucional al desagravio contra un gobierno dictatorial que busca despojar al pueblo de sus derechos laborales y patrimonio y que responde a los intereses de los ricos y poderosos”.
“La determinación es en reacción al ataque despiadado que hemos sufrido los trabajadores y trabajadoras a nuestros derechos laborales y condiciones de vida. En el caso del magisterio, respondemos al pretendido desmantelamiento de la educación pública, puesto en marcha por la administración de Alejandro García Padilla y sostenido por el gobierno de Ricardo Rosselló”, afirmó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.
La Federación de Maestros acordó iniciar una campaña de educación, organización y movilización “para hacer llegar al magisterio y las comunidades escolares información sobre las implicaciones del Plan Fiscal y las medidas de “ajustes” sobre la educación pública impuestos por la Junta y el gobierno”.
“La Asamblea se manifestó contra las propuestas de cierres masivos escuelas y la privatización o municipalización de los planteles. La municipalización ubicaría la administración de las escuelas en el lugar más suceptible a la politización y corrupción, los municipios”, advirtió Martínez Padilla.
Se indica que el 70 % de los municipios tiene una posición negativa en activos netos (no restringidos) y que unos 50 tuvieron un déficit de ingresos sobre gastos en su fondo general.
“La FMPR asegura que entregar la administración de las escuelas ante la ineficiencia rampante de muchos municipios sería condenarlas a una crisis perpetua y constituiría su bancarrota académica”, añadió.
El sindicato magisterial condenó los planes del Departamento de Educación de cerrar unas 370 escuelas como “un mero ejercicio fiscal para ahorrarse $300 millones para el pago a los bonistas”.
“Entendemos que estos cierres provocan un daño permanente a los niños que son objeto de traslados arbitrarios a ambientes de hacinamiento en los salones. Llamamos a las comunidades escolares, a las madres y padres, a organizarse para resistir el cierre de sus escuelas. En esa lucha, junto a ellas y ellos, estará como siempre la Federación de Maestros”, explicó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la organización, quien recordó que en el pasado cuatrenio las comunidades detuvieron el cierre de cerca de 70 escuelas.
La matrícula federada acordó exigirle a la secretaria de Educación Julia Keleher la eliminación del reglamento de evaluaciones punitivas y el uso de las pruebas META-PR para perjudicar a maestros y estudiantes en al determinar sus desempeños.
Solicitaron que se elimine la sobrecarga de trabajo administrativo y la carta de planificación, mientras insistieron en la restitución de los periodos de 50 minutos de clases, la ampliación de la oferta académica a los estudiantes y el acceso a materiales tecnológicos y educativos.
Tronaron contra la imposición de la Junta de Control Fiscal federal y las disposiciones de ese organismo contra los sectores desventajados del país.
“Vienen, junto al gobierno, a quitarnos para pagar a los fondos buitres una deuda que no ha sido auditada y pudiera incluso ser ilegal”, expresó Martínez Padilla. La Federación de Maestros se unió al reclamo de auditar la deuda, establecer una moratoria al pago de la deuda y procesar a los responsables de esta crisis.
Martínez Padilla acusó a la Junta y el gobierno de pretender recortar las pensiones de los jubilados y desmantelar el Sistema de Retiro de Maestros (SRM) “para convertirlo en un sistema “pay as you go”, similar a una cuenta 401K”.
“Anunciamos la elaboración, por parte del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros, de un proyecto de ley dirigido a capitalizar y salvar el Sistema de Retiro de Maestros. Entre las disposiciones principales se asignaría el producto de un 2 % de impuesto a las corporaciones foráneas por un periodo de 10 años al SRM. Ya es hora de que los bancos, los bonistas, los empresarios y las corporaciones foráneas asuman su responsabilidad fiscal”, reclamó la dirigente magisterial.
Los maestros y maestras federados aprobaron resoluciones solicitando la renuncia del alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, implicado en actos de hostigamiento sexual, y en respaldo a la protección del sector Playuela en Aguadilla, que está amenazado por desarrolladores.
La Asamblea autorizó al Comité Ejecutivo de la Federación de Maestros “a tomar las acciones concretas que sean necesarias para salvar el retiro magisterial, la escuela pública y los derechos de los educadores.
