La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura demandó en el Tribunal Federal a la Junta de Supervisión Fiscal por aprobar el plan fiscal que les reduce las pensiones a los jueces de Puerto Rico.
La acción legal apunta a que el recorte de estos beneficios va contra la constitución, violenta el principio de la separación de poderes y la independencia judicial. Se establece que cualquier reducción en los beneficios debería plantearse de forma prospectiva.
Además de la demanda, se sometió un escrito en apoyo a la acción judicial. La demanda —de 15 páginas— está radicada por los abogados David C. Indiano, Jeffrey M. Williams y Leticia Casalduc Rabell.
Los demandantes alegan que la Junta de Supervisión Fiscal actuó ultra vires aprobando un plan fiscal que es contrario a la Ley 600 y a la ley que estableció el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Establecen que ambas leyes reconocen el derecho de Puerto Rico a organizar su gobierno propio bajo un sistema republicano de gobierno. Apuntan a que la Constitución de Puerto Rico reconoce la autonomía administrativa e independencia de la Rama Judicial, al adoptar las mismas garantías que hay en la Constitución de Estados Unidos para los jueces federales. “En particular el artículo VI, sección 11 de la Constitución de Puerto Rico contiene lo que se conoce comunmente como “una cláusula de no disminución” que provee que los salarios de los jueces se establecerán mediante una ley especial y que no se pueden enmendar para reducirlos durante la extensión de su término”, lee el documento legal. También señalan la sección 10 del artículo VI de la Constitución de Puerto Rico sobre la no reducción de salarios o emolumentos (beneficios). Apuntan a que la Constitución establece que habrá un sistema de retiro para los jueces, al que deben acogerse de forma mandatoria cuando cumplen 70 años.
“Al aprobar el plan fiscal que requiere una reducción progresiva de todas las pensiones en 10 % para el año fiscal 2020 y cuya única restricción es que ningún miembro del sistema sea llevado debajo de los niveles de pobreza como resultado de las reducciones —para eso se contemplan recortes de 6 a 24 % de todas las pensiones mayores a los $2,000, incluyendo las de la Judicatura— la Junta de Supervisión Fiscal actuó ultra vires”, lee la demanda.
Se solicita como remedio que el Tribunal Federal declare ulta vires la actuación de la Junta al aprobar el plan fiscal y que se instruya al gobernador, Ricardo Rosselló a abstenerse de implementarlo.
Aquí el recurso:
DN 2 Amended Complaint for Declaratory Judgment by Metro Puerto Rico on Scribd
Aquí el escrito en apoyo a la demanda:
2-5 by Metro Puerto Rico on Scribd
