El alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz anunció hoy que el municipio de Cabo Rojo continuará con la implantación de la llamada Iniciativa Naranja, mediante el cual los constituyentes están obligados a comprar las bolsas que vende únicamente la empresa que recoge la basura.
Kurtz informó que una juez que atendió hoy el caso que por monopolio presentó el Departamento de Justicia contra el municipio dejó sin efecto una orden que paralizó el viernes dicho programa.
“Hoy comunico a mi pueblo de Cabo Rojo que reanudaremos de inmediato el recogido y disposición de la basura depositada en las bolsas color naranja, en virtud del veredicto de la jueza Lynette Ortiz Martínez sosteniendo la legalidad y validez de la Ordenanza Municipal Núm. 26 que implanta la Iniciativa Naranja y dejando sin efecto la paralización que había dictaminado el viernes pasado a solicitud del Departamento de Justicia”, expresó Ramírez Kurtz.
Agregó que, mediante un acuerdo de las partes ante la juez, se decidió dejar sin efecto la Sección Núm 7 de la Ordenanza que trata sobre la certificación de las compañías que recojan basura en la demarcación de Cabo Rojo. Esto porque las mismas tienen que estar certificadas por agencias estatales y federales.
“Continuaremos con las reuniones de orientación en las comunidades y las vistas publicas que comienzan mañana sobre la Ordenanza Municipal Núm. 26. La acción del tribunal hoy reconoce la validez de nuestra visionaria política pública, implantada pensando en el futuro de nuestro pueblo y nuestro país, en el bienestar de todos los caborrojeños y la preservación del ambiente”, agregó el alcalde.
Sostuvo que su administración municipal “continúa con su iniciativa de progreso y avanzada en la disposición de los desperdicios sólidos, un asunto en el cual el país se ha quedado rezagado. Nuestro objetivo es continuar orientando e informando al pueblo hacia una cultura de reciclaje y de protección ambiental”.
La juez Ortiz Martínez dejó sin efecto la orden de paralización luego de escuchar los argumentos de los representantes legales del Alcalde y la Legislatura Municipal, durante una vista citada para dilucidar las alegaciones del Departamento de Justicia, en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.
“La Ordenanza Municipal Núm. 26 beneficia a los 50,000 habitantes de Cabo Rojo y, por extensión, a los residentes de los otros municipios que se proponen imponer el cobro por la disposición de los desperdicios sólidos para continuar prestando servicios esenciales y evitar el cierre de sus operaciones”, apuntó el ejecutivo municipal.
