En una declaración pública, confinados en cárceles puertorriqueñas rechazó cualquier intento de ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.
La Asociación Pro-Derecho del Confinado “ÑETA”, el Nuevo Grupo 25 y el Grupo 27, “en nombre de la población que representamos, cerramos filas para repudiar cualquier traslado involuntario de confinados a cárceles fuera de Puerto Rico, pues estos traslados no cumplen con nuestro derecho constitucional a la rehabilitación”.
Agregan que “sabemos que esto es el resultado de una imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, imposición que rechazamos enérgicamente, ya que estos traslados en ningún momento nos van a ser de provecho en la rehabilitación, nuestra integración familiar será deshecha y nuestra reinserción a la comunidad será imposible”.
“No debemos pagar por las malas decisiones que históricamente tomaron los gobernantes de este país llevándolo a la quiebra. Por el contrario, emplazamos a nuestros gobernantes a que para reducir el tamaño de la población correccional se amplíen los programas de rehabilitación y se permita que los ya rehabilitados tengan más opciones de salir a la libre comunidad”, instaron.
Dieron como ejemplo el Proyecto del Senado 459, que luego de que la Cámara y el Senado lo aprobaran, “el gobernador le dio un veto de bolsillo. Esa era la oportunidad para que todos los rehabilitados con buena conducta, además de estar trabajando o estudiando pudieran bonificar tiempo y adelantar su elegibilidad a la Junta de Libertad Bajo Palabra”.
A entender de los confinados, “estas deben ser las acciones correctas que debe asumir el gobierno en vez de trasladarnos para reducir gastos. Acá hay confinados rehabilitados, preparados y listos para salir a la comunidad y encontrarnos con nuestras familias”, concluyeron.
