La isla perdió, durante los pasados 100 años, un 25 % de su capacidad para almacenar agua, en gran parte por la sedimentación de los embalses provocada por diversos factores, que se complican por la falta de mantenimiento que dificulta la crisis económica, según una pieza legislativa que crearía la Ley de Embalses de Puerto Rico.
En la medida, sometida por el senador Cirilo Tirado y apoyada por legisladores de ambos partidos de mayoría, los autores citan literatura del año 2012 que detalla cómo el territorio no tiene la capacidad acumulativa de agua de épocas anteriores. De acuerdo con el proyecto de Ley 276, que se aprobó en el Senado al final del cierre de la sesión pasada y que hoy está bajo la consideración de la Cámara de Representantes, de 122 mil millones de galones del líquido, ahora solo podemos guardar 91 mil millones.
Aunque la cifra ha provocado debate, un experto en el tema del agua, como Carl Soderberg, exdirector de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en Puerto Rico y el Caribe, dijo a Metro que medir la capacidad de almacenamiento global de los embalses de Puerto Rico es posible. Añadió, de hecho, que, para este año, el estado de las represas debe ser peor, sobre todo por la cantidad de sedimentación que causó el huracán María.
“Con la lluvia que cayó con María, que, en algunos lugares, rebasó las 30 pulgadas de lluvia —que eso es casi la mitad de la cantidad de lluvia que cae en Puerto Rico como promedio en un año, y cayó en varios días— el arrastre de sedimentos fue brutal. La capacidad de almacenaje se tiene que haber reducido en una forma significativa”, sostuvo el ingeniero en entrevista con este medio.
Además de identificar la edad de los embalses como un factor para la sedimentación, en el proyecto de ley, los legisladores indican que la situación “se agrava al incrementarse la deforestación en las cuencas altas de donde se alimentan los embalses, lo que aumenta la cantidad de sedimentos que llegan a estos”.
Para Soderberg, la situación de nuestras represas nos pone en una condición vulnerable ante los periodos de sequía, que, por consecuencia del cambio climático, se proyecta que sean más extremos en los próximos años.
“Mientras tengamos lluvias recurrentes no es un problema, porque es como si guiaras un carro de aquí a Cabo Rojo y a cada 20 minutos llegas a una estación de gasolina y llenas el tanque. El problema es que, cuando tengamos tiempo de sequía, no vamos a tener el agua suficiente almacenada para mitigar la falta de agua en ese periodo. Lo que significa es que vamos a tener un aumento en la frecuencia de la interrupción de agua y racionamiento”, sostuvo el experto.
Aunque en el país hay 36 embalses, lo más crítico, acotó el exdirector de la EPA, debe ser atender aquellos que suplen agua al área metropolitana, por la cantidad de población a la que ofrecen servicio, que, en este caso, son Carraízo y Dos Bocas.
De hecho, Soderberg levantó bandera ante la capacidad de almacenamiento de agua de estas dos estructuras, después de ver datos provistos a Metro.
La represa Carraízo, que es propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y se encuentra río arriba de la cuenca del Río Grande de Loíza, presentó una pérdida de almacenaje estimada en un 45 % para el año 2012, detalló la propia corporación pública a través de un correo electrónico. Mientras, la represa Dos Bocas, cuya titularidad ostenta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y está localizada entre Utuado y Arecibo, había perdido para 2010 un 55 % de su potencial para guardar agua, según dicta una tabla de datos provista a este medio por la corporación de energía. Dos Bocas, explicó Soderberg, suple al Superacueducto.
“Los más críticos son los que surgen del área metropolitana de San Juan. ¿Por qué? Porque son los que suplen a un mayor número de personas. Es más allá del municipio de San Juan y estamos hablando, prácticamente, de una tercera parte de la población de Puerto Rico. Por eso es que son los más críticos”, resaltó Soderberg
Algunos puntos del Proyecto 276
En primer lugar, el Proyecto del Senado 276, que tiene como coautores a Eduardo Bathia, Larry Seilhamer y Ángel “Chayanne” Martínez, derogaría la Ley 133 de 1986 según enmendada, que representa el estatuto más reciente que rige los embalses. De esta forma, si se aprobara la legislación, se crearía una nueva política pública para ofrecer “la mayor protección posible a la salud y la calidad de nuestros abastos de agua almacenados en los embalses del país”.
“El proyecto mejora el manejo de los embalses en Puerto Rico, establece como política pública proteger las cuencas hidrográficas y será bien importante para incrementar el agua en nuestros embalses”, señaló Tirado.
Entre otros asuntos, la medida también establecería un nuevo Comité de Represas y Embalses compuesto por las tres agencias que adueñan los abastos de agua en la isla: AAA, AEE y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). A estos funcionarios se les añadirían el presidente de la Junta de Planificación y tres ciudadanos representantes del interés público nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado, que ocuparían la silla por seis años.
De acuerdo con el senador Seilhamer, cada una de las agencias con tangencia en el tema de los embalses tiene sus propias políticas de manejo y conservación. El comité, se supone, facilitaría la protección de las represas eliminando los desfases. Una de las principales misiones del grupo de trabajo sería crear estrategias para mitigar la sedimentación, incluida la opción de dragar los embalses.
Por otra parte, según la pieza, sería un mandato realizar pruebas de batimetría (pruebas para medir la capacidad de almacenaje de los embalses) cada cinco años. Tirado y los coautores de la pieza mencionan que hay embalses cuya capacidad de guardar agua no se ha medido desde hace 13 años.
La AAA y la AEE, sin embargo, hicieron saber a Metro que ambas corporaciones públicas han realizado batimetrías en varias de sus represas tan cercano como en 2015 y 2017, respectivamente. No obstante, se desprende de los datos entregados a este medio por ambas instrumentalidades que el embalse de Toa Vaca no ha sido medido desde 2002.
De acuerdo con la AAA, el Servicio Geológico de los Estados Unidos presentó recientemente a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) una propuesta para obtener fondos y realizar dichos estudios en los embalses principales.
Rechazan fondo especial
En el borrador de ley original fue contemplada la creación de un Fondo Especial para el Manejo de Embalses, nutrido por un pago de la AAA y AEE, tomando en cuenta la cantidad de agua extraída por cada corporación pública. Empero, esta idea fue retirada del documento ante la negativa de los líderes de ambas instrumentalidades por entender que por la difícil situación fiscal tendrían que pasar el cargo a los consumidores. Elí Díaz Atienza, presidente ejecutivo de la AAA, en un memorial explicativo enviado a la Comisión de Recursos Naturales del Senado, objetó también que al DRNA no se le haya exigido aportar dinero para el fondo, aun cuando es propietario de embalses.
De hecho, por la falta de recursos, la AAA no podido realizar tareas de dragado en los principales embalses, según dijo a este medio el propio Díaz Atienza.
“…los altos costos de inversión para realizar proyectos que atiendan la sedimentación de los embalses y la delicada situación fiscal de la AAA no han permitido que se puedan ejecutar dichos proyectos. Sin embargo, estamos realizando estudios y conceptualizando distintas opciones. Además, estamos trabajando para identificar fuentes de financiamiento para reactivar nuestro plan de mejoras capitales. Esto nos permitirá considerar proyectos de manejo de sedimentos en nuestros embalses”, señaló el ingeniero.
El último dragado realizado en Carraízo fue en 1994, luego de que una gran sequía afectara el país y provocara un plan de racionamiento.
Por su parte, José Bermúdez, director de la división de Riego, Represas y Embalses de la AEE coincidió con Díaz Atienza en la carga que sería un fondo recurrente para mitigación.
“Ese costo alguien va a tener que asumirlo. El Gobierno está en quiebra y ese costo se lo van a pasar a alguien”, dijo.
Al tiempo, Bermúdez objetó que Puerto Rico haya perdido un 25 % de su capacidad para almacenar agua, dado que opina que los embalses se deben medir por separado, a razón de su año de creación. “La pérdida de capacidad de un embalse es según la fecha o la edad del embalse […] Tú no puedes verlo en un todo, verlo en un todo sería jugar para las gradas”.
Más allá de remover la sedimentación del fondo de las represas, que podría costar millones y desvanecerse tras un evento meteorológico serio, Bermúdez aludió a otras iniciativas que el Gobierno podría llevar a cabo para resolver la situación.
“Tiene que trabajar con la operación del lago, tienes que trabajar con la boca de los lagos y eso va atado al movimiento económico. Hace 15 años, PREPA (AEE) tenía contratos de mantenimiento en la boca de los lagos, donde se sacaba ese sedimento, se procesaba y se vendía (para el sector la construcción)”, comentó el también ingeniero. Este tipo de iniciativa, sin embargo, decayó tras el decrecimiento del sector de la construcción en Puerto Rico.
Bermúdez agregó que, entre los $139 mil millones solicitados al Congreso para reconstrucción luego del golpe de María, solicitados por la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, hay una partida para atender los problemas de infraestructura de agua.
Entre los aspectos que señaló sobre la medida en una ponencia dirigida a los senadores, la secretaria del DRNA, Tania Vázquez, está el hecho de que varias funciones correspondientes a la AEE pasarían a su agencia, y no tiene el personal adecuado para realizar dichos trabajos.
Los embalses ante la privatización
El senador Seilhamer apuntó a la importancia de mirar los embalses durante el proceso de privatización de la AEE, porque la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico permite la venta de los activos de la corporación pública que no sean sistemas de distribución y transmisión de energía.
Según mencionó, ha tenido conversaciones con José Ortiz, director ejecutivo de la AEE, para que los embalses sean vendidos o concedidos a la AAA.
Tracto legislativo
En este momento, el Proyecto del Senado 276 se encuentra bajo la consideración de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes. Su presidente, el legislador Joel Franqui, dijo a Metro que considerará con prioridad la pieza.
Análisis de Carlos Pesquera: Exhorta a usar fondos federales
“Hay una oportunidad porque el caso de María trajo unas oportunidades. Y es que Puerto Rico tiene que, a base de María, construir y planificar para mitigar daños, diferentes eventos futuros y también acomodarse para una mejor posición de desarrollo económico. Así que esa justificación es la que debe utilizarse para ver cómo los fondos que vienen de mitigación de FEMA —que son alrededor de 3 mil millones por lo menos, porque se destinan 15 % de los costos del desastre para mitigación a base de una formula— se usan para mejorar la condición de Puerto Rico en cuanto a agua potable”.
Otros embalses
• Cidra |Para 2007, había perdido 14 % de su capacidad.
• La Plata |Para 2012, había perdido un 19 % de su capacidad.
• Patillas |Para 2007, había perdido un 23 % de su capacidad.
• Caonillas|Para 2012, había perdido un 29 % de su capacidad.
