La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció hoy la designación, mediante Consentimiento Unánime por Escrito, de un Comité Especial de Reclamaciones para reclamaciones que surjan de los resultados de la investigación independiente llevada a cabo por Kobre & Kim sobre la deuda de Puerto Rico y su relación con la presente crisis fiscal.
Bajo PROMESA, la Junta de Supervisión, como representante del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades en los procedimientos del Título III, puede establecer reclamaciones a nombre de los deudores acogidos al Título III para el beneficio de todos los acreedores y otros interesados en los casos de Título III, expuso el grupo en un comunicado.
De igual forma, se indicó que el Comité Especial de Reclamaciones evaluará el Informe sobre la Investigación de la Deuda y determinará el alcance de cualquier acción adicional para negociar o establecer reclamaciones. La Junta de Supervisión designó a los miembros Andrew G. Biggs, Arthur J. González, Ana J. Matosantos y David A. Skeel, Jr. como miembros del Comité Especial de Reclamaciones.
Como se anunciara previamente, el Comité Especial de Investigación de la Junta de Supervisión llevará acabo una audiencia pública el martes, 18 de septiembre de 2018 en Puerto Rico para darles a todos los interesados la oportunidad de escuchar y ser escuchados al respecto de los resultados del Informe.
Informe de la deuda
Recientemente la Junta publicó el Informe de Investigación de la Deuda, del investigador independiente Kobre & Kim. Este detalló diversas acciones que pudieron contribuir a la deuda de más de 74,000,000 millones que tiene Puerto Rico, así como posibles causas de acción.
En el documento de más de 600 páginas, la firma contratada por la JCF expone que “la AEE pasó a depender de las inyecciones de liquidez a corto plazo de GDB, y su principal medio de pago es la emisión de bonos”. El documento atribuye este hecho a “la falta de voluntad política para elevar la tasa base de la AEE”, “obstáculos políticamente inducidos para reducir la tasa de energía mediante la conversión de la generación de la AEE del petróleo al gas natural”, así como “subsidios sancionados políticamente que redujeron los ingresos recaudados de la AEE”.
Otro aspecto destacado en el informe es el número de empleados de confianza del Gobierno en la AEE, que, según los investigadores, predispuso a la corporación pública a una rotación masiva, pérdida de conocimiento institucional y toma de decisiones que no respondían a las fuerzas del mercado.
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