De periodismoinvestigativo.com
“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann, entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de l a Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes 21 de marzo de 2017.
Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó:
Esa misma noche, McCann ripostó:
“No lo sé; averiguo”, contestó García.
Decenas de ejemplos como este retratan, en blanco y negro, la relación de poder colonial del Gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico por medio de la Junta de Control Fiscal en más de 5,600 documentos, cartas y correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras una demanda presentada hace un año y medio en contra de la Junta para lograr acceso a esta información pública. La entrega de documentos corresponde a las comunicaciones entre el ente rector y el Congreso, la Casa Blanca y agencias federales desde el comienzo de la Junta en el verano de 2016 hasta mayo de este año.
Ya sea desde la oficina de un congresista o de algún funcionario federal, predominan en las comunicaciones obtenidas los pedidos continuos de información y de reuniones dirigidos a miembros y oficiales de la Junta, quienes usualmente los atienden casi al instante. También aparecen discusiones, advertencias, “recomendaciones” y cuestionamientos sobre temas como la aprobación de los planes fiscales, la negociación de la deuda, el estatus político, el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las operaciones de la Junta y los fondos federales destinados a la isla tras los huracanes Irma y María.
Responden a sus oficinas congresionales
En una carta del 29 marzo de este año dirigida al presidente de la Junta, José Carrión, el congresista republicano Rob Bishop (R-Utah) arremetió contra la Junta por la falta de acuerdos entre el Gobierno y sus acreedores, así como por la implementación insatisfactoria de PROMESA.
Ese mismo día, Andrew Vecera, quien trabaja para el Comité de Recursos Naturales liderado por Bishop, escribió a Carrión:
Horas después, el presidente de la Junta contestó:
Poco más de tres meses antes, en diciembre de 2016, Carrión recibió desde la oficina de Bishop copia confidencial de una carta que ese mismo congresista le enviaría a la Junta unos días después. Como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Bishop ha estado involucrado con el tema de Puerto Rico desde la concepción de la Ley Promesa. La semana pasada, comenzó a impulsar un nuevo plebiscito de estatus para la isla tipo “estadidad sí o no”, a pesar del proyecto propuesto por la representante sin voto de Puerto Rico en el Congreso, Jenniffer González.
“José, según discutimos hoy, anejo un borrador confidencial de la carta que al Comité de Recursos Naturales le interesa enviarte como presidente [de la Junta]. Puedes compartirla con el resto de los miembros de la Junta, pero más allá de eso, favor de mantenerla confidencial. […] Por favor, hazme saber si esta carta causará problemas a la Junta”, escribió Bill Cooper, un asesor de la oficina de Bishop, a Carrión.
Cooper, uno de los autores intelectuales de la Ley Promesa, y quien sonó como posible director ejecutivo de la Junta, aparece en un gran número de las comunicaciones obtenidas. En 2017, abandonó el Congreso para liderar la nueva oficina en la capital federal del bufete puertorriqueño McConnell Valdés. El pasado mes de agosto, fue nombrado por Trump como asesor en el Departamento de Energía federal y ahora trabaja, una vez más, en el tema de Puerto Rico.
Del lado republicano, Carrión, García, Biggs y Skeel son contactados frecuentemente por las oficinas de Ryan y Bishop, así como también del senador Orrin Hatch (R-Utah) y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell (R-Kentucky). En el caso de Hatch, el presidente del Comité de Finanzas en el Senado participó activamente en la concepción de la Junta y Promesa, y ha sido uno de los congresistas más vocales en temas relacionados con la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, como la reforma contributiva y los fondos federales de salud.
La Junta también recibe supervisión directa del lado demócrata. En el caso de Ana Matosantos — una de las tres personas impulsadas por los demócratas para la Junta —, mantiene comunicación directa con la oficina de la congresista Nydia Velázquez (D-Nueva York).
“Este juego de acusar/adjudicarse crédito es ridículo”, escribió en un email Rosanna Torres, una asesora de Velázquez, sobre una noticia que citaba a Rosselló Nevares diciendo que la Junta no se había comunicado con él tras el paso del huracán Irma.
“De acuerdo. Especialmente dadas las circunstancias. ¿Viste nuestro comunicado? Pensé que era un asunto de circunscribirse a los hechos. No sé cómo terminamos en dimes y diretes de nuevo (sic)”, reaccionó Matosantos.
Miembros de la Junta y el Congreso también circulan documentos que están fuera del dominio público. Este es el caso de los comentarios de los consultores financieros de la Junta sobre los planes fiscales de Puerto Rico, los cuales compartieron con la oficina de Bishop, pero pidieron mantener confidenciales.
Según la Junta, sus decisiones responden “únicamente a los mandatos de Promesa y a los mejores intereses de Puerto Rico”. La entidad confirmó al CPI que se comunica “regularmente con múltiples partes interesadas, incluidos congresistas y funcionarios del Gobierno federal, cuyas políticas públicas y acciones tienen un impacto significativo sobre la economía de Puerto Rico”.
¿Una Junta autónoma?
Promesa, firmada en 2016 por el expresidente Barack Obama, establece que la Junta de Control Fiscal “no se considerará un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del Gobierno federal” de Estados Unidos, sino una entidad territorial y autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
¿Es la Junta autónoma del Gobierno de EE. UU.?, preguntó el CPI tanto a la Junta como al Comité de Recursos Naturales de la Cámara, el cual tiene a su cargo los asuntos de Puerto Rico, incluida Promesa. La Junta se limitó a contestar con un “sí”, mientras que un ayudante autorizado del Comité que pidió no ser nombrado, también afirmó que la entidad es independiente del Gobierno federal.
“No estamos allí [en Puerto Rico]. No podemos decirle a la directora [de la Junta] qué hacer. Podemos enviarles cartas, pero eso no significa que tienen que actuar de una manera u otra”, sostuvo el ayudante del Comité que dirige el Rep. Rob Bishop (R-Utah) en entrevista con el CPI. Añadió que la Junta puede recibir pedidos de información de congresistas y mantener comunicaciones con ayudantes del Congreso, pero no está requerida a responder.
“Obviamente, es bueno que lo hagan [responder] para evitar vistas congresionales que los avergüencen, entre otras cosas”, añadió el ayudante.
Dos expertos en Derecho Constitucional opinaron que los distintos organismos del Congreso no tienen carta blanca para ejercer control sobre las operaciones diarias de la Junta, ni exigir acciones específicas que no sean a través de legislación.
El abogado Efrén Rivera Ramos, luego de revisar algunos de los emails entregados por la Junta, advirtió que los poderes plenarios son del Congreso y no de los congresistas en su capacidad individual. “Plenario no es igual que absoluto”, indicó el exdecano y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
“Un senador o representante no puede dar órdenes; es el Congreso, que actúa como cuerpo”, señaló Rivera Ramos. Observó que la Junta está sometida a “una presión informal de determinada gente con determinados intereses… Hay muchos intereses que están tratando de prevalecer”.
Para el abogado constitucionalista y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos González, el Congreso creó la Junta y, “¿en qué sentido le dieron cierta independencia? En que no le pusieron oficialmente ningunos poderes a los que tienen que rendir cuentas, excepto esos informes que tienen que hacer anualmente [al Congreso]. Es decir, que la crearon [la Junta] y la soltaron con un ojo puesto, porque, en última instancia, ‘eres mía’ [del Congreso]”.
Ante la opinión pública, la Junta se proyecta como un ente “despolitizado”. Por ejemplo, el presidente de la entidad, Carrión, ha criticado en varias ocasiones la politización de la AEE y a los “políticos de carrera” en el Gobierno que buscan “ganar simpatías políticas”. Sin embargo, los documentos obtenidos por el CPI sugieren que miembros de la Junta responden directamente a las oficinas congresionales que encaminaron sus nombramientos.
Seis de los siete miembros de la Junta fueron recomendados al presidente Obama por las delegaciones de mayoría y minoría en el Congreso: cuatro por parte de los republicanos (Carrión, García y los profesores Andrew Biggs y David Skeel) y dos por el bando demócrata (Ana Matosantos y el exjuez de quiebra Arthur González). Obama nombró directamente a uno de los miembros (el banquero José Ramón González), según dispone Promesa. Esto deja el conteo de votos en la Junta cuatro a tres, a favor de los republicanos, y permanecerá de esta manera tras las elecciones recientes de medio término, aún si el presidente Trump y la nueva mayoría demócrata en la Cámara realizaran nuevos nombramientos en agosto de 2019.
Los emails “chocan porque cuando pensamos o leemos algo sobre la Junta, pensamos que el Congreso quiso crear algo independiente. Pero el término independiente, en mi interpretación, solamente se refería a la clase política de Puerto Rico. [La Junta] nunca estuvo pensada como independiente del Congreso”, dijo Ramos González.
Según Rivera Ramos, el proceso que se lleva a cabo bajo Promesa ha “resignificado” a Puerto Rico, sacando las decisiones de política pública de las manos de los principales partidos políticos a nivel local, para dejarlas en manos de los partidos dominantes de Estados Unidos.
Conexiones
En los correos también se evidencian las conexiones y la coordinación de reuniones con funcionarios, asesores y potenciales contratistas. Esto ocurre ya sea de manera directa o indirectamente, a través de cabilderos como la firma Williams & Jensen.
Y se revelan otros intermediarios, como Steven Kupka del bufete King & Spalding, quien el 28 de enero de este año escribió a Chris McLean, un oficial del Departamento de Agricultura federal:
“Chris, según discutimos, quiero presentarte a José Carrión. Él es el presidente de la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal de Puerto Rico. (PROMESA) (Esencial en administrar la isla). Estará en D. C. el lunes y martes de esta semana. Sería estupendo que se conozcan.
José, Chris McLean es un viejo amigo de Omaha [Nebraska] y el administrador del Rural Utility Service del Departamento de Agricultura federal. Ellos tienen muchos préstamos rentables y morosos en Puerto Rico, incluidos $410 millones con la AAA [Autoridad de Acueductos y Alcantarillados]. Por favor, contáctalo y ve si pueden reunirse. Yo voy a estar en San Juan y no podré unirme a ustedes”.
A pesar de la relación que mantiene con Carrión, Kupka no está contratado por la Junta. Desde agosto de 2017, es uno de los principales cabilderos de la AEE, y la firma para la que trabaja, King & Spalding, fue seleccionada recientemente por la Autoridad de Alianzas Público Privadas para también proveer servicios legales en las transacciones que trabaja esta entidad pública.
A pesar de sus más de $8 millones en contratos con el gobierno de Rosselló, Kupka —ligado al Partido Republicano— ha gestionado reuniones entre Carrión y funcionarios federales en más de una ocasión. El pasado 28 de febrero, Kupka conectó al presidente de la Junta con Drew Maloney, entonces asesor de asuntos legislativos del Tesoro y quien ahora preside el American Investment Council, un grupo que representa a fondos de inversión privada. También intercedió para lograr una reunión entre Carrión y Andrew Olmem, asistente especial del presidente Donald Trump y la persona contacto desde Casa Blanca para todo lo relacionado con Puerto Rico. Kupka participó en mayo de una cena celebrada en la residencia de Carrión en Dorado, donde también estuvo el congresista Republicano de Utah, Rob Bishop.
El CPI cuestionó a Kupka si su relación con Carrión mientras funge como cabildero de la AEE no representa un conflicto de interés, pero al cierre de esta edición, no había contestado.
Otra figura que resalta en los correos es Kyle Rifkind, abogado in-house de la Junta y una de las personas que más lleva y trae información entre la entidad impuesta por PROMESA y asesores y funcionarios del Congreso, el Tesoro y otras agencias federales.
“Kyle está bien conectado con el personal y las agencias en el Congreso y el Ejecutivo en D.C. Él es ‘el hombre’ cuando se trata de cuestiones estatutarias de PROMESA”, dijo Noel Zamot, coordinador de revitalización de la Junta, al presentar a Rifkind a Rima Oueid, una asesora del Departamento de Energía federal.
Las interacciones entre miembros de la Junta y los funcionarios federales ocurren por teléfono o en persona, de manera formal o casual, como un café, almuerzo o cena, o tal vez “unos tragos”, según sugirió en una ocasión quien fuera uno de los principales funcionarios del Tesoro trabajando el tema de PROMESA y actual contratista de la Junta, Kent Hiteshew.
“El Sr. Carrión y la Sa. Jaresko pueden quedarse para unos tragos, pero no pueden cenar ya que tienen otro compromiso”,
Desde el Tesoro, Hiteshew y Adam Chepenik jugaron papeles instrumentales en la concepción de PROMESA y la Junta. Ahora, ambos forman parte del equipo de consultores de Ernst & Young, una de las principales firmas de consultoría financiera contratadas por la Junta, cuya facturación ya supera los $6.3 millones como parte del proceso de quiebra que enfrenta la isla en el Tribunal Federal.
Tesoro mete la cuchara
Casi tres semanas después del azote de María, Manuel Ortiz, el principal cabildero de Rosselló Nevares en Washington, le escribió a Craig Phillips, un funcionario del Tesoro, para pedir una reunión urgente sobre las necesidades de liquidez que enfrentaba la isla. Entre las personas copiadas en el correo de Ortiz están el representante del Gobernador ante la entidad, Christian Sobrino, y su predecesor, Elías Sánchez, quien había salido del Gobierno dos meses antes.
Ese mismo día, Phillips, quien asesora al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, escribió que trabajaban “en conjunto a través de toda la administración [Trump]” y pidió una reunión con Jaresko para discutir el asunto. Enfatizó que “habrá una sola voz en el Congreso” y que “no hay necesidad de un llamado por separado”. Dos días después, Phillips preguntó a Jaresko si Ortiz era cabildero de la Junta.
La directora ejecutiva contestó en la negativa y aclaró que Ortiz representa a Rosselló Nevares. “Probablemente debe quedar más claro [que no representa a la Junta] cuando escribe a (muchas) personas y te copia”, ripostó Phillips, uno de los principales asesores de Mnuchin.
El Tesoro ha jugado un rol central en la operación de la Junta desde su concepción bajo la administración Obama. En la administración Trump, han cambiado algunas de las caras que trabajan el caso de Puerto Rico desde el Tesoro, pero no el papel de la agencia federal. En el caso de Phillips, este es ahora uno de los principales funcionarios federales que mantiene comunicación constante y reuniones con personal de la Junta, un rol similar al de Kent Hiteshew o Antonio Weiss, quien fue asesor del secretario del Tesoro bajo la administración Obama, Jacob Lew.
De 2008 a 2017, Phillips trabajó para BlackRock, la mayor firma de inversión en el mundo. En 2014, BlackRock adquirió $10 millones en bonos de Obligación General del Gobierno de Puerto Rico calificados como chatarra por tres casas acreditadoras. Phillips fue director general, miembro del Comité de Operaciones Globales de BlackRock y lideró el Grupo de Asesoría de Mercados Financieros de BlackRock Solutions. La firma es una de las principales accionistas de empresas con presencia en Puerto Rico como Grupo Santander, General Electric, Wal-Mart, y CoreCivic, la compañía carcelaria que espera por que la Junta le apruebe un contrato de cinco años y $125 millones con el Departamento de Corrección y Rehabilitación para el traslado y albergue de confinados en Estados Unidos.
Al igual que el Congreso, los principales temas que maneja el Tesoro, según surge en los emails, van desde la liquidez del Gobierno de Puerto Rico, el establecimiento de las operaciones de la Junta y los Préstamos a Comunidades Afectadas por Desastres (CDL), al proceso de aprobación de planes fiscales. Otro tema al que la agencia federal presta atención es la privatización de la AEE. A principios de año, Phillips reaccionó al anuncio de Rosselló Nevares sobre la privatización de la corporación pública denominándolo “un patrón de comunicación no tolerable” y que “no se había mencionado hacerlo inmediatamente”. En otra ocasión, Phillips buscó coordinar una cena con la Junta y sugirió la posibilidad de tener a Sobrino presente.
“Entiendo el valor de tener a Christian presente, pero eso limitaría a la Junta a una discusión más centrada en la AEE”, dijo Jaresko. “No me molesta, si piensas que no es el formato adecuado para que Christian esté presente”, sostuvo Phillips en relación a Sobrino.
Otra cadena de emails muestra a Phillips escribiendo a Jaresko para obtener una “actualización” y una reunión sobre el anuncio que realizó la Junta en diciembre de 2017 sobre los casi $7,000 millones que tenía el Gobierno en cuentas fuera de la principal chequera de Hacienda, o el Treasury Single Account (TSA).
Otros funcionarios del Tesoro que discuten regularmente con oficiales de la Junta son Gary Grippo, subsecretario de finanzas públicas, y Amyn Moolji, asesor principal de política pública en la Oficina de Mercados de Capital de esa agencia federal. Moolji fue director en Taconic Capital Advisors, un fondo de cobertura que obtuvo $15 millones en bonos de Obligación General en 2014 y que actualmente forma parte de la Coalición de Bonistas Senior de COFINA, con más de $390 millones en bonos respaldados por el IVU. Grippo, por su parte, lleva siete años trabajando en el Tesoro.
Una petición de reacción al Tesoro y a la oficina de Ryan sobre el rol que juegan en los trabajos de la Junta tampoco fueron atendidas al cierre de esta edición.
Los emails entregados al CPI mediante la firma de abogados de la Junta, Proskauer Rose, son solo una parte del total de mensajes intercambiados con el Gobierno federal. A la fecha de esta publicación, la Junta no había divulgado cuántos mensajes excluyó del envío. La entidad rehusó la entrega de un sinnúmero de comunicaciones, alegando que son documentos confidenciales y que afectarían la economía de la isla, los mercados de capital y su habilidad de ejercer sus poderes. Además, la Junta indicó que para enero hará una segunda entrega de mensajes electrónicos, esta vez entre la entidad y el Gobierno de Puerto Rico.
Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede accederlo completo en periodismoinvestigativo.com
Este reportaje es parte de una serie
