Johnny Santana se mudó a Puerto Rico a principios de la década del novena en busca de mejores oportunidades de las que tenía en su nativo Higüey, en República Dominicana.
Trabajó en construcción, como cocinero y haciendo entregas de vegetales a restaurantes, durante 20 años. También encontró el amor —se casó dos veces— y comenzó a trabajar en su estatus migratorio desde que se casó con su primera esposa.
Temprano en la mañana del 4 de julio de 2018, mientras Santana, su hermano y tres amigos, también dominicanos, se dirigían hacia El Yunque, oficiales del Departamento federal de Inmigración y Aduana (en inglés, ICE) detuvieron el vehículo en que transitaban y arrestaron a tres de las cinco personas que viajaban en el carro: a Santana, su hermano y a otra persona. Santana estaba guiando con una licencia de conducir expirada.
Al otro día, el ICE llevó a Santana y a los otros inmigrantes al aeropuerto donde abordaron un vuelo con destino al Centro Transicional de Broward (Broward Transitional Center o BTC), un centro de detención con capacidad para 700 camas, localizado en el sur de Florida, a unas 1,045 millas de San Juan, Puerto Rico.
Después de ocho semanas de encierro, Santana se sentía sin esperanzas sobre su caso de inmigración. Pasó detenido su cumpleaños número 44 y el Día de los Padres (dominicano). Poco después tomó una decisión. El 4 de septiembre, cuando compareció con su abogado, pidió a la Corte de Inmigración que lo liberara y le permitiera regresar a República Dominicana.
Santana extrañaba mucho a su esposa, pero la vida de prisionero ya era insoportable, según dijo mientras estaba sentado fuera de sala de la corte. Luego entró en un salón para llorar en privado.
Más tarde esa noche, en una entrevista telefónica con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Santana expresó su frustración por estar detenido y explicó lo que significaba su decisión para su esposa y su futuro económico.
“Ellos (ICE) están tratando de hacer todo más difícil”, dijo Santana sobre el haber sido transferido de Puerto Rico a Florida. “Esto no es una situación fácil, el estar sentado aquí, sin fianza y no poder trabajar”.
Los cambios del presidente Donald J. Trump en las prioridades para dar cumplimiento a las directrices sobre inmigración establecidas en la era de Obama también han afectado a Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos, y a los extranjeros residentes y sus familias, quienes han vivido por años en la isla, algunos, incluso, por décadas.
Las directrices para dar cumplimiento a la política de inmigración durante los años que Obama estuvo en el poder establecían una lista de prioridades, enfocadas en arrestar a inmigrantes indocumentados con expedientes criminales y a personas que presentaban una amenaza a la seguridad nacional, según explica el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Council o AIC), una organización sobre políticas migratorias que trabaja desde Washington, D. C.
El enfoque de “cero tolerancia” adoptado por la administración de Trump, unido a la práctica por décadas de ICE de transferir a miles de no-ciudadanos de un lado a otro de Estados Unidos, mientras sus casos se mueven a través de la Corte de Inmigración, ahora está separando a familias en Puerto Rico.
Puerto Rico nunca había sido afectado significativamente con esta práctica, aún cuando el único centro de detención en la isla cerró en 2010, según dijeron seis abogados de Inmigración que trabajan en la isla.
El CPI entrevistó a varios abogados de inmigración que practican en Puerto Rico, así como a activistas y a expertos en leyes de inmigración que trabajan con organizaciones establecidas en los Estados Unidos. Todos expresaron su seria preocupación sobre si muchos no-ciudadanos arrestados por ICE en realidad debieron ser detenidos lejos de sus familias, especialmente si no habían cometido ningún crimen serio o violento. Esta práctica, dijeron, viola el debido proceso de ley porque impide a los inmigrantes tener acceso a su abogado, presentar testigos y evidencia que ayude en sus casos en la corte de Inmigración.
“Las personas están detenidas lejos de sus familias… Eso les pasa una factura sicológica”, dijo al CPI Aaron Reichlin-Melnick, un analista del Consejo Americano de Inmigración, una organización de política pública de Washington, D. C. “Es más difícil para ellos conseguir evidencia, y los retrasos también ponen presión en la gente para que retiren sus casos y acepten la deportación”.
El 14 de agosto de 2018, el CPI hizo una solicitud al ICE, bajo la Ley de Libertad de Información (en inglés, Freedom of Information Act o FOIA), para saber cuántas detenciones y traslados de inmigrantes han ocurrido en Puerto Rico durante los pasados cuatro años. La agencia federal no ha provisto los datos solicitados por el CPI.
En Puerto Rico, parece estar ocurriendo lo mismo que en el resto de EE. UU., en cuanto a la agresividad de las detenciones y traslados de ICE, pero “el problema se acentúa porque no hay instalaciones para los detenidos en Puerto Rico”, destacó Susan Long, estadística y profesora en la Escuela Whitman de Gerencia de la Universidad de Syracuse y codirectora de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés), un centro bipartita y sin fines de lucro dedicado a la investigación.
La política de mano dura de Trump contra los inmigrantes, a los cuales cataloga como “criminales” y “violadores”, no toma en cuenta una realidad perturbadora: al 30 de junio de 2018, más de la mitad de los detenidos (58 %) bajo la custodia de ICE no tenía récord criminal y cuatro de cada cinco habían cometido, como mucho, ofensas menores, como violaciones a la ley de tránsito, de acuerdo con los datos de TRAC.
“Ahora todos son personas de interés”, dijo Rosaura González Rucci, abogada de inmigración que practica en Puerto Rico, mientras hablaba del caso de un residente de muchos años en Estados Unidos que fue arrestado y trasladado desde la isla hasta el Krome Service Processing Center en Miami. “No importa cuánto tiempo hayan vivido aquí, no importa si es o no un criminal. Si eres un inmigrante ilegal, te conviertes en una persona de interés, en una prioridad”.
Mc nelly torres / CPI Este reportaje que se publica en Metro por una alianza con el CPI. Para ver la historia completa, acceda a periodismoinvestigativo.com
