Los arrestos por Ley de Sustancias Controladas relacionadas con marihuana se redujeron en un 27 % en un periodo de cuatro años, mientras que la incautación en libras decreció en un 77 % en el mismo periodo.
Según datos de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control de Vicios y Armas Ilegales de la Policía, en 2015 arrestaron a un total de 2,590 personas, 83 de ellos menores de edad.
Esta cantidad fue disminuyendo en los años posteriores, cerrando 2018 con 1,891; 60 de ellos son menores.
En términos de incautación, los datos provistos a Metro muestran un patrón de decrecimiento similar en varios de los renglones. En contraste con 2017, el 2018 cerró con una reducción de 16 % en libras de marihuana confiscada, así como un 98.7 % en gramos, 66 % en onzas, 79.4 % en plantas y de 21 a 2 invernaderos.
De acuerdo con el abogado criminalista Javier Santiago, esta reducción se explica con diversas razones.
“Se han mezclado varios asuntos: una nueva política pública para la legalización de la medicinal, que ha llevado a que ciertas instancias de la Policía no les den prioridad, y segundo, hay un asunto de brazos caídos”, dijo sobre las condiciones de la Uniformada, que sigue perdiendo agentes.
“Hay una reducción en el patrullaje, en los arrestos y algunas instancias de Drogas han recibido varios cantazos porque los han vinculado con el crimen organizado”, recordó el abogado haciendo referencia los arrestos por parte del Negociado de Investigaciones Federales (FBI). Uno de los más recientes fue la detención de siete agentes de la División de Drogas de Caguas el verano pasado.
En cuanto a política pública, en 2015, el exgobernador Alejandro García Padilla firmó una orden pública para restarle prioridad al procesamiento de personas por posesión de marihuana para uso personal, otorgando a los intervenidos con seis gramos o menos la posibilidad de que se insertaran en un proceso de rehabilitación y así evitar procesarlos.
Además, en 2017, se aprobó la Ley Medicinal e, incluso, a nivel municipal, como en el caso de San Juan, se ha instado a la Policía a no intervenir con quienes posean una onza o menos de marihuana.
El mismo Santiago ha sentido la diferencia en su día a día. “Antes yo tenía, entre San Juan, Bayamón y Carolina, de 15 a 20 casos corriendo a la misma vez entre los tres tribunales, y ahora mismo yo tengo un caso de drogas en Bayamón, y dos en San Juan. Ninguno en Carolina”, dijo en entrevista telefónica.
“La mayoría de estos casos se caen porque son intervenciones ilegales, o sea, que la manera en la que se hizo la intervención no es conforme con la ley y, por lo tanto, no prospera. Decomisan la marihuana, pero el sujeto no tiene consecuencias jurídicas”, agregó.
De otra parte, en 2018, se vio un aumento de 14,878 a 24,703 bolsitas incautadas en comparación con 2017, de 3.305 a 4,573 envases y de 407 a 458 en el renglón de sintética.
