El Departamento de Seguridad Pública (DSP) rindió cuentas a la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la implementación de reformas fiscales y estructurales, en una audiencia pública realizada en el Centro de Convenciones.
El presidente del ente creado por la Ley Promesa, José Carrión, destacó retos como el éxodo de policías, además de cuestionar al secretario del DSP, Héctor Pesquera sobre asuntos como el estatus de los planes de implementación.
Por su parte, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, manifestó que hasta el momento el DSP no había presentado el detalle del progreso del plan de transformación. Pago de horas extra, consolidaciones, entre otros aspectos que fueron requeridos a la agencia de Gobierno.
La vista estuvo enmarcada en encontronazos entre la JCF y miembros del Gobierno por requerimientos de información que el grupo constituido por la Ley Promesa alega habían sido conversados en reuniones previas.
Durante la vista, el secretario del DSP, Héctor Pesquera, realizó un resumen de la consolidación de agencias de seguridad, a la vez que indicó que el departamento entró en vigor en 2017. Este expuso que ya se inició la movilización de recursos dentro del negociado, en particular personal administrativo como de recursos humanos.
Asimismo, el funcionario destacó que el éxodo de personal ha sido una dificultad para la entidad. Este detalló que para el pasado año 2018 los empleados ascendían a 16,883, mientras que para 2019 la cifra bajó a 16,153.
De igual forma, Carrión preguntó sobre las consolidaciones que se han logrado. Pesquera expuso que la estructuración no se puede llevar a cabo a menos que la apruebe OGP, entidad que en febrero de 2019 aprobó el organigrama. El funcionario agregó que están a la espera de las clasificaciones para realizar los nombramientos.
Por su parte, el principal oficial ejecutivo y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, expuso que la Oficina de Monitoría y Cumplimiento y otra de Asuntos federales para fiscalizar fondos federales que antes se estaban perdiendo.
Planes de implementación
Asimismo, a preguntas de la Junta, dijo que el plan de implementación está en proceso, sin embargo, no pudo precisar una fecha en la que estará listo. Este se excusó basado en la escasez de recursos que tiene el Gobierno.
“No es fácil absorber siete negociados con siete clasificaciones distintas de personal”, sentenció Pesquera. Ante ese tema, Maldonado indicó que sí cuentan con recursos suficientes y añadió que fueron nombrados para el plan de implementación y estableció como el 30 de abril como fecha de entrega. Según Maldonado, contrataron a la firma Deloitte para esos fines.
Jaresko recalcó a Pesquera que necesitan un plan de implementación para cada negociado, a la vez que recordó al secretario del DSP que se han reunido periódicamente con él para esos fines. “Ustedes necesitan un plan de implementación no para la junta, sino para ustedes”, expuso Jaresko. La directora ejecutiva del ente creado por la ley federal agregó que el plan será una herramienta para el DSP.
Jaresko preguntó también una fecha exacta para los informes mensuales que la JCF solicita. Ante el requerimiento, Pesquera recalcó “usted lo va a ver tan pronto podamos”.
Negociados presentan sus necesidades
Mientras, el Negociado de la Policía, el Negociado del Cuerpo de Bomberos y el Negociado de Ciencias Forenses presentaron a la Junta sus actualizaciones.
*Noticia en desarrollo
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